· El director del IPE, Diego Macera, señala que la actividad ilícita ya iguala en ingresos a toda la agroexportación nacional y pone en jaque un corredor de proyectos estratégicos en Cajamarca valorizado en US$ 15,000 millones.

RCR, 12 de marzo 2026.– El avance de la minería ilegal en el Perú ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad ciudadana para convertirse en una barrera estructural que resta competitividad al país frente a los inversionistas extranjeros. Según advirtió Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), la invasión de propiedades en zonas como Hualgayoc, Bambamarca y San Ignacio está comprometiendo seriamente el desarrollo minero formal.

Cajamarca, que concentra cerca del 25% de la cartera nacional de proyectos, posee un potencial de inversión que supera los US$ 15,000 millones en activos como Michiquillay, La Granja, Galeno y Sulfuros Yanacocha. Sin embargo, Macera recalca que el entorno de ilegalidad hace menos atractivo al país para los capitales globales.

El impacto económico es de tal magnitud que las exportaciones de oro ilegal alcanzaron los US$ 12,000 millones el año pasado, una cifra que ya iguala a todo el valor exportado por el sector agroindustrial peruano (uvas, arándanos y paltas) en el 2024.

Más allá del impacto económico, el director del IPE puso el foco en la incapacidad del Congreso para establecer un marco regulatorio eficiente. Macera advirtió que la responsabilidad de gestionar la crisis de la minería ilegal recaerá sobre la próxima representación nacional, aunque mostró escepticismo sobre su capacidad de respuesta inmediata.

“Nos queda pendiente la Ley MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala). ¿Se va a poder lograr? ¿Con qué incentivos? Ya vimos lo que pasó el año pasado; no está fácil”, cuestionó a través de RCR, el economista, haciendo referencia a los constantes retrocesos en la normativa.

Para el IPE, el panorama legislativo es complejo debido a la proximidad del cierre de la actual legislatura en julio y el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a fines de este año. Macera advirtió que la instalación del nuevo sistema bicameral (Senado y Diputados) podría servir de excusa para postergar nuevamente el debate técnico.

“Es muy posible que el siguiente Congreso argumente que se acaba de instalar, que el tema es complejo y que deben estudiarlo. Lo más probable es que se vuelva a aplazar para el 2027. En esa dinámica de postergaciones llevamos ya una década”, subrayó.