RCR, 12 de marzo 2026.- La criminalización de la minería artesanal y de pequeña escala puede terminar agravando el problema de la informalidad en el país, advirtió el reconocido empresario Javier Ísmodes Talavera al señalar que las políticas basadas en la persecución o la represión no han logrado integrar a este sector al circuito económico formal.

“No se trata de perseguir o criminalizar al minero artesanal, porque históricamente donde ha habido persecución, declaración de ilegalidad o actividades de represión, el problema ha empeorado”, afirmó Ísmodes a Red de Comunicación Regional (RCR), en el marco de Indumin 2026, convención que se realiza del 10 al 12 de marzo en el Centro de Exposiciones del Jockey.

Sostuvo que el proceso de formalización en el sector enfrenta serias limitaciones por las deficiencias en el funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que debía servir como mecanismo temporal para ordenar el sector. Según explicó, el marco normativo vigente no genera incentivos suficientes para que los pequeños productores se integren plenamente a la legalidad.

“Hay normas que los ministerios han aprobado recientemente que no tienen reglamentación. Entonces, ¿cómo me pides ser formal si no has reglamentado lo que me solicitas?”, señaló Ísmodes, miembro del directorio del grupo La Joya, de la región Arequipa.

Advirtió que mantener un enfoque centrado únicamente en la persecución de la actividad minera de pequeña escala puede generar efectos contraproducentes, pues incentiva que los operadores permanezcan fuera del sistema formal en lugar de incorporarse a él.

La lección de la prohibición en EE.UU.

Para explicar este fenómeno, comparó la situación con la experiencia de la prohibición del alcohol en Estados Unidos durante la década de 1920, cuando la decisión de prohibir su venta provocó el crecimiento de mercados ilegales y redes de contrabando.

“Cuando en EE.UU. se prohibió vender alcohol, lo que ocurrió fue que la actividad ilegal empezó a emerger, porque la demanda seguía existiendo. Lo que hizo la autoridad fue perseguir al productor formal, que luego se convirtió en informal”, recordó.

Por ello, sostuvo que el desafío no pasa únicamente por endurecer normas, sino por construir un proceso integral que permita incorporar a los pequeños productores al circuito formal de la economía. “La solución no está solo en un marco normativo, sino también en educación, en el cumplimiento de estándares ambientales y en trabajar de manera articulada con plantas formales de beneficio para generar un circuito del mineral hacia la exportación”, aseveró.