Fuente: Diario Voces 

Loreto, 10 de Marzo 2026.- Mientras el Ministerio de Salud (MINSA) habla de consolidar la descentralización, hospitales y centros de salud de San Martín siguen enfrentando falta de médicos especialistas, medicamentos e infraestructura. La ciudadanía espera que las autoridades expliquen con claridad qué está fallando y qué medidas se tomarán para mejorar la atención sanitaria en la región.

La promulgación de la Resolución Ministerial N.º 169-2026-MINSA, el 27 de febrero de 2026, reactivó el debate sobre el verdadero alcance de la descentralización en el sistema de salud del país. La norma aprueba el Plan Anual de Transferencias de Competencias Sectoriales en Salud 2026, elaborado por el MINSA dentro del programa orientado a consolidar el proceso de descentralización, en cumplimiento de diversas normas como la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

¿Cómo se aplica la resolución ministerial en San Martín?

En la práctica, esta política tiene implicancias directas para el Gobierno Regional de San Martín y la Dirección Regional de Salud (DIRESA), entidades encargadas de ejecutar las políticas sanitarias en la región. Desde el proceso de descentralización iniciado en 2003, la gestión de hospitales, centros de salud, campañas sanitarias y programas de prevención fue transferida a los gobiernos regionales.

Esto significa que la DIRESA San Martín administra gran parte del sistema de salud regional, incluyendo establecimientos en provincias como Tarapoto, Moyobamba, Rioja, Lamas, Bellavista, Juanjuí y Tocache. Sin embargo, el MINSA mantiene el rol rector, lo que implica que dicta normas, supervisa su cumplimiento y define las políticas nacionales.

En ese contexto, uno de los principales desafíos es que el proceso de descentralización sea más ágil y efectivo. Diversos especialistas coinciden en que el MINSA debe simplificar y acelerar los mecanismos administrativos y de coordinación, de modo que los gobiernos regionales puedan tomar decisiones con mayor rapidez frente a problemas urgentes del sistema de salud.

En regiones como San Martín, donde existen brechas en infraestructura hospitalaria, escasez de especialistas y dificultades para implementar programas nacionales, una descentralización más dinámica permitiría respuestas más rápidas en contratación de personal médico, adquisición de medicamentos y ejecución de proyectos de infraestructura.

Actualmente, en numerosos centros de salud rurales del Alto Mayo, el Huallaga Central y el Bajo Huallaga, la situación sigue siendo crítica. Hay establecimientos sin médicos permanentes, escasez de medicamentos básicos, laboratorios con falta de reactivos y equipos que funcionan de manera intermitente. En muchos casos, los pacientes deben viajar varias horas para acceder a atención especializada.

A ello se suma la limitada capacidad resolutiva en los establecimientos del primer nivel de atención, lo que genera saturación en hospitales de mayor complejidad y largas listas de espera para consultas especializadas. Mientras tanto, muchas comunidades rurales continúan dependiendo de campañas médicas temporales o traslados hacia ciudades más grandes.

En este escenario, una descentralización más eficiente permitiría que el Gobierno Regional actúe con mayor rapidez y autonomía, siempre dentro de los lineamientos del sistema nacional de salud. Para ello, el MINSA debe no solo mantener su rol rector, sino también facilitar procesos más ágiles y menos burocráticos que permitan a las regiones responder oportunamente a las necesidades de la población.

En una región como San Martín, donde las necesidades sanitarias siguen creciendo junto con la población, el debate no debería limitarse a documentos o planes administrativos.La población necesita respuestas claras, servicios oportunos y un sistema que funcione con responsabilidad compartida.

Por ello, más allá de los discursos sobre descentralización, las autoridades del sector salud en San Martín – desde la Dirección Regional de Salud hasta el propio Ministerio de Salud – tienen la obligación de informar, comunicar y explicar a la ciudadanía qué está fallando, qué decisiones se tomarán y en qué plazos se resolverán las brechas existentes.

Porque mientras las instituciones discuten competencias y atribuciones, los pacientes siguen esperando médicos, medicamentos y atención digna en los hospitales y centros de salud de la región. Y frente a esa realidad, las excusas ya no son suficientes.