·  El Colegio de Ingenieros del Perú plantea el uso de embarcaciones FSRU y una nueva planificación que evite pérdidas millonarias por incidentes operativos.

RCR, 09 de marzo 2026.- El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas técnicas de largo plazo para transformar la infraestructura energética nacional tras la deflagración ocurrida en el ducto de Camisea, en Megantoni (Cusco). Maribel Fernández-Rengifo, presidenta de la Comisión de Energía del CIP, señaló que la prioridad debe ser la creación de reservas en puntos estratégicos y la modernización de los sistemas de inyección de combustible.

Entre las soluciones tecnológicas planteadas destaca la implementación de las Floating Storage Regasification Units (FSRU). Se trata de terminales flotantes de almacenamiento y regasificación que permitirían a los buques metaneros inyectar Gas Natural Licuado (GNL) directamente al sistema nacional desde el mar.

“No solamente la solución es hacer plantas de regasificación, sino desarrollar la infraestructura para poner esta visión a largo plazo e inyectar el gas nuevamente al sistema a través de estas embarcaciones”, explicó la especialista, subrayando la necesidad de diversificar las vías de transporte y almacenamiento.

El gremio profesional enfatizó que el país requiere con urgencia nuevas exploraciones y una diversificación real de la matriz energética. Sin embargo, Fernández-Rengifo advirtió que el avance de energías alternativas se encuentra frenado por factores normativos.

“Tenemos que optar por otras energías que ya están en el mercado, pero que por temas de regulación y leyes que aún no se solucionan en el Ministerio de Energía y Minas, no se pueden impulsar”, subrayó en entrevista con RCR.

Para el CIP, la seguridad energética no solo depende de la infraestructura física, sino de un marco legal que permita la planificación técnica frente a contingencias.

Impacto económico y rendición de cuentas

La crisis en Megantoni no solo representa un problema técnico, sino un fuerte golpe a la economía nacional. La ingeniera cuestionó el destino de las pérdidas millonarias generadas y la sostenibilidad de las medidas paliativas adoptadas por el Ejecutivo.

“Acá hay varios actores energéticos que van a tener que dar cuentas de todo lo que ha sucedido. ¿Quién va a terminar pagando estos costos?”, indicó, tras recordar que la Contraloría y la Fiscalía ya han iniciado las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

Finalmente, el Colegio de Ingenieros reafirmó su disposición para colaborar con el Estado a través de sus peritos especializados. “Estamos aptos para acudir a cualquier llamado de las autoridades para armar un equipo técnico y dar pronunciamientos claros sobre lo que ha ocurrido y cómo trabajar hacia adelante”, concluyó.