RCR, 2 de marzo 2026.- La región Arequipa y varias ciudades del interior del país enfrentan graves consecuencias debido a un modelo de crecimiento urbano que no incorporó la prevención de riesgos frente a las intensas lluvias y huaicos, afirmó el ingeniero Juvenal Medina, presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (PREDES).

En entrevista con Red de Comunicación Regional (RCR), Medina explicó que estos eventos muestran que muchas localidades aún no aplican medidas de prevención y gestión del riesgo de desastres, lo que aumenta la vulnerabilidad de la población y de la infraestructura.

“Arequipa es una ciudad tan importante, pero se han cometido graves errores que hoy se están pagando. Este no es el último evento y van a haber otros posteriores. Es un buen momento para corregir cómo ha crecido la ciudad y cómo debería crecer en adelante. Lo mismo ocurre en muchas ciudades del interior del país, donde ignorar los riesgos genera desastres que podríamos prevenir”, afirmó Medina.

Medina precisó que los “desastres no son naturales”, sino consecuencia de la falta de prevención y planificación. “Las emergencias se dan porque no hemos hecho lo suficiente”, aseveró.

“Es lamentable que siempre adoptemos el papel de víctimas de las lluvias, cuando podríamos ser sus beneficiarios. Tenemos que cambiar el chip en la mentalidad de quienes gobiernan el Estado, a nivel nacional, regional y local. Los alcaldes y gobernadores no pueden esperar a que ocurra una emergencia para recién declarar y asignar recursos, porque atender las emergencias no resuelve el problema”, afirmó.

El especialista destacó que este enfoque reactivo aumenta los costos sociales y económicos de cada evento. Solo una gestión preventiva y planificada del riesgo de desastres permitirá que la población y las ciudades se beneficien de las lluvias, evitando daños innecesarios en infraestructura y vidas humanas.

Perú tiene política de gestión de riesgos

El especialista recordó que Perú cuenta con una política nacional de gestión del riesgo de desastres, vigente desde 2012 y actualizada en 2021, de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del país. Sin embargo, la omisión de funciones de gobiernos nacionales, regionales y locales genera vacíos que elevan los costos sociales, económicos y de infraestructura cada vez que ocurre un evento adverso.

Además, enfatizó la necesidad de que los ciudadanos exijan a los políticos que incluyan la prevención y la gestión del riesgo como eje central en sus planes de gobierno, y no solo como medidas coyunturales tras una emergencia.