RCR, 26 de febrero de 2026.- El excongresista y actual candidato al Senado por el partido País Para Todos, Juan Sheput, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente José María Balcázar, tras la fallida designación de Hernando de Soto como premier. Para el experimentado político, Balcázar no toma las decisiones finales en el Ejecutivo y responde a los intereses del “cogollo político” conformado por César Acuña, José Luna Gálvez y Patricia Li en el Congreso de la República.
“Lo más triste es que el presidente de la República tiene que ir a consultarle a Vladimir Cerrón, a César Acuña o a José Luna. En estos días, el presidente del Perú es un ‘títere’ de este grupo de personas”, aseveró Sheput en Red de Comunicación Regional (RCR), aclarando que no se trata de un “secuestro político”, sino de una subordinación directa a las órdenes de dichos líderes.
Según su análisis, el verdadero poder detrás del sillón presidencial reside en el líder de Alianza para el Progreso (APP). “Quien manda es César Acuña. No olvidemos que al mismo Hernando de Soto, él lo ha contado, le dijeron: ‘puedes agarrar cualquier ministerio menos Transportes y Comunicaciones’, el ministerio con mayor cantidad de dinero, que desde un principio está ligado a Cerrón con una serie de escándalos. Ese ministerio no lo podía tocar. Entonces allí vemos que el señor Balcázar es simplemente un ‘títere’ de ese conjunto de personas”.
Sheput mencionó las recientes ratificaciones de ministros en las carteras de Salud, Trabajo y Vivienda como prueba de que el “cogollo” que maneja los presupuestos de estos sectores responde directamente a los intereses de Acuña y su familia.
La premier Miralles es “mediocre”
También cuestionó la idoneidad de la actual premier Denisse Miralles, a quien calificó de “mediocre”. “Para mí es una persona mediocre, que ya tuvo escándalos en su haber. Cuando era presidenta de Proinversión le dio 2.800 millones de soles a empresas de fachada, cascarones”, afirmó Sheput, recordando el vínculo de la premier con el entorno de APP, ya que fue mano derecha de José Salardi, actual jefe del plan de gobierno de César Acuña.
Acusó de cómplices en la coalición de Acuña, a Somos Perú, Fuerza Popular y Renovación Popular, al señalar que ni Keiko Fujimori ni Rafael López Aliaga han criticado la conformación del gabinete, donde APP controla ocho ministerios.
“El Senado puede nacer muerto”
Al referirse sobre el futuro del Parlamento, Sheput advirtió que la composición del próximo Senado podría estar marcada por partidos mercantilistas.
“Realmente APP es un partido que le hace muchísimo daño al Perú; ellos y Podemos son mercantilistas de la política. Creo que el pueblo peruano tiene que evaluar bien si le va a seguir dando su voto a estos señores, porque el Perú no será viable con gente de APP, Podemos o Somos Perú. Todo el mundo habla de que el próximo Senado va a ser muy poderoso, pero ese Senado nace muerto si es que llegan personas como José Luna, como César Acuña o la gente vinculada a Somos Perú; ese Senado nacería muerto e intoxicado”, manifestó.
Una ley subsidia la corrupción
Asimismo, el exministro cuestionó la ley que permite al Estado financiar la defensa legal de funcionarios procesados por corrupción, calificándola como un incentivo perverso que convierte al Perú en un país cómodo para los corruptos.
“Hoy en el Perú se subsidia la corrupción mediante el pago de honorarios que alcanzan los 200 mil soles por casos que en el mercado costarían una décima parte. Hemos visto cómo a Ciro Castillo, cuestionado desde su llegada al gobierno regional del Callao, se le pagó un abogado que consiguió su libertad. Son fortunas que se desembolsan gracias a esta norma. El caso de Juan José Santibáñez es aún más grave: otorgó cinco procesos de 200 mil soles cada uno a un estudio vinculado a él, cuando especialistas estimaban que esos juicios no debían superar los 30 mil soles. Eso demuestra cómo esta ley ha degenerado en un negocio millonario que subsidia la corrupción”, señaló.
Ante esta situación, el aspirante por País Para Todos propone usar la influencia política del Senado para poner fin a este beneficio inaceptable.
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