RCR, 16 de Febrero de 2026.- El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha intensificado sus acciones de acompañamiento a los gobiernos regionales para combatir la minería ilegal, una actividad que no solo devasta el ecosistema, sino que genera graves riesgos sociales y de seguridad. Liliana Jaramillo, funcionaria de la institución, señaló que, debido a la peligrosidad de esta actividad, las intervenciones suelen requerir el respaldo de la Policía Nacional para garantizar la integridad de los fiscalizadores y la eficacia de las acciones.
Jaramillo explicó que, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), el OEFA tiene la misión de fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales, quienes ostentan la competencia directa en esta materia.
“La identificación de los responsables es bastante complicada y nosotros, desde nuestro lado de rectoría, brindamos todo el apoyo posible”, subrayó la funcionaria, a RCR, tras advertir que la minería ilegal acarrea problemas que trascienden lo ambiental para convertirse en focos de conflictividad social.
En paralelo a la lucha en zonas críticas de extracción, el OEFA ha puesto la tecnología al servicio del vecino urbano mediante el lanzamiento del aplicativo “Reporta Residuos”. Esta herramienta gratuita, disponible para sistemas Android e iOS, permite a cualquier ciudadano alertar en tiempo real sobre la acumulación de basura en sus distritos. Los usuarios pueden adjuntar fotografías o videos que son verificados por el organismo y derivados de inmediato a las municipalidades correspondientes para su limpieza.
Más allá de las sanciones económicas, la Ley General del Ambiente faculta al OEFA para adoptar medidas administrativas severas según la gravedad de los hallazgos. Estas incluyen el decomiso de insumos, la paralización de actividades y monitoreos constantes de la calidad del aire, agua y suelo en sectores estratégicos como la minería, hidrocarburos, industria y agricultura. Con estas acciones, el organismo busca asegurar que las entidades de fiscalización cumplan sus funciones y que la ciudadanía se convierta en un aliado vigilante de su entorno.
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