RCR, 26 de enero de 2026.- El ecologista e integrante del Colectivo Moyobamba 500 años, David Landa, informó que las áreas naturales protegidas del país enfrentan una creciente amenaza debido a la débil presencia del Estado, la expansión de economías ilegales y la pérdida de control territorial, una situación que se evidencia con especial gravedad en el Bosque de Protección Alto Mayo, en la región San Martín.
“El Perú cuenta con cerca del 18 % de su territorio bajo alguna categoría de protección, en la práctica muchas de estas zonas permanecen vulnerables. Pero, el Bosque de Protección Alto Mayo, con más de 182 mil hectáreas oficialmente protegidas, sufre una intensa presión por la ocupación ilegal de migrantes y traficantes de tierras que ingresan sin control ni delimitación clara del área”, dijo en La Semana por RCR.
Precisó que esta situación se agrava por la escasez de guardaparques, presupuestos insuficientes y una estrategia estatal que solo protege en el papel a estas áreas naturales. Mencionó que la problemática alcanzó niveles críticos recientemente, cuando grupos asentados ilegalmente dentro del bosque habrían retenido y agredido a representantes del Ministerio Público y efectivos policiales, hechos que actualmente son investigados.
“Existe una preocupación por la posible retirada de puestos de vigilancia policial debido a la falta de recursos, lo que podría profundizar el avance de actividades ilícitas en la zona, pero la pérdida de estos ecosistemas no solo implica un daño ambiental, sino también económico, al desaprovecharse su enorme potencial en el mercado de bonos de carbono”, expresó.
Landa sostuvo que el Bosque de Protección Alto Mayo podría generar hasta mil millones de dólares anuales por captura de carbono, sin embargo, pese a que empresas internacionales han adquirido millones de bonos vinculados a este bosque, los recursos no se reflejan en una mejora efectiva de su protección.
“Esta situación se repite en otras áreas naturales del país, como la Reserva Comunal El Sira y zonas de Madre de Dios, donde el narcotráfico y la minería ilegal avanzan silenciosamente, por ello es que la respuesta no debe limitarse a la militarización, sino incluir inteligencia financiera, control de insumos ilegales, lucha contra la corrupción y trazabilidad de productos extraídos ilegalmente, como el tráfico de orquídeas”, enfatizó.
Remarcó que la defensa de las áreas naturales protegidas exige un cambio de paradigma, que incluya la compensación por servicios ambientales como el agua y el carbono, así como una mayor descentralización en la toma de decisiones. “Mientras el Estado no garantice seguridad jurídica y física en estos territorios, la biodiversidad seguirá siendo la primera víctima y la soberanía nacional continuará en riesgo”, subrayó.
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