RCR, 21 de Enero 2026.- Susana Castañeda Otsu, candidata al Senado Nacional por el Partido País para Todos, sostuvo que el presidente de la República, José Jerí, debe garantizar la gobernabilidad y conducir al país con ética y transparencia, condiciones que hoy se encuentran seriamente comprometidas. Agregó que, ante la negativa del mandatario en dar un paso al costado, señaló que existen alternativas constitucionales como la censura a la mesa directiva del Congreso o una eventual vacancia presidencial.
“Considero que un alto cargo de la nació como es el presidente de la República, debe ser el que guía toda la política y la gobernabilidad en un país, pero encontrar datos tan nefastos como reuniones con empresarios chinos, de los cuales incluso uno de ellos estaría implicado en un proceso de crimen organizado y tala ilegal, evidencian un comportamiento totalmente fuera lo ético e incluso hasta de carácter delictivo”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que el país atraviesa un proceso de transición rumbo a nuevas elecciones, luego de una serie de episodios políticos que derivaron en la vacancia presidencial de Dina Boluarte. En ese sentido, afirmó que la ciudadanía esperaba un clima de estabilidad y tranquilidad, pero que la permanencia de una autoridad cuestionada por hechos irregulares solo profundiza el desgaste institucional.
“Existen alternativas constitucionales como la censura a la mesa directiva del Congreso o una eventual vacancia presidencial, sin embargo, la responsabilidad final recae en el Parlamento, el cual deberá asumir su rol y responder ante la población por haber elegido, de entre sus miembros, a una autoridad como José Jerí que no ha sabido representar los intereses del país”, expresó.
Por otro lado, Castañeda abordó el tema de la corrupción y cuestionó la desproporción de las penas existentes en el sistema penal, ya que consideró que los delitos cometidos por altos funcionarios contra la administración pública generan un daño colectivo mucho mayor que los delitos comunes, por lo que las sanciones deberían ser más severas, proporcionales al perjuicio social causado y acompañadas de reparaciones civiles.
“Tratándose de los delitos contra la administración pública en los cuales son los altos cargos de la nación, no solamente el presidente, sino los congresistas, los fiscales supremos, jueves supremos, la Junta Nacional de Justicia, deben rendir cuentas y recibir penas acordes al daño causado, sobre todo si implica a un gran sector de la colectividad”, enfatizó.
Finalmente, remarcó el avance de la inseguridad ciudadana y al crecimiento de economías ilegales como la minería ilegal y el narcotráfico, también podrían estar infiltrando el financiamiento político. “Existe una cifra negra de delitos no denunciados por temor e impunidad, por eso nuestro compromiso es luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y defenderemos especialmente a las mujeres y a los sectores más vulnerables del país”, subrayó.
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