RCR, 15 de Septiembre de 2025.- El excongresista y jurista Martín Belaunde, sostuvo que una eventual salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no afectaría a las inversiones mineras y al sector privado en general. Explicó que para los inversionistas es fundamental que se respeten el Estado de derecho, el derecho a la propiedad y la libertad empresarial.
“Puede que sea evaluado por los inversionistas, pero los inversionistas tienen un criterio distinto. Primero, ellos buscan una buena oportunidad de hacer negocios con una inversión. Están buscando un negocio, una actividad económica rentable en cualquier actividad, sea en la minería, sea en hidrocarburos, sea en la manufacturera, sea en los servicios, sea en el comercio, sea en la pesquería”, dijo En la semana en RCR.
Remarcó que para los inversionistas es fundamental que el Perú respete el Estado de derecho y el derecho a la propiedad y la libertad empresarial. “Para el inversionista es fundamental que el Perú viva en un Estado de derecho. (…) Para los inversionistas es indispensable que el Perú respete el derecho de propiedad, respete la libertad empresarial, respete la tenencia de moneda extranjera, respete un régimen tributario que no sea confiscatorio”, agregó.
Puntualizó que el régimen interno de protección a los derechos humanos no se vería quebrado, ni menoscabado, en el supuesto que el Perú, a través del Congreso y del Poder Ejecutivo, decidiera denunciar el Pacto de San José. “Esa denuncia del Pacto de Derechos Humanos se realiza depositando la decisión de la denuncia ante la OEA y adquiere vigencia recién al cabo de un año. Estos son aspectos que hay que tener en cuenta”, explicó.
Manifestó que, si el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo para que el Perú se salga del Pacto de San José, sería una medida realizada conforme a la Constitución Peruana. Añadió que el Perú es parte de un conjunto muy grande de derechos humanos y que el Pacto de San José definitivamente no es el único.
“Hay muchos tratados de derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que editó las Naciones Unidas hace muchos años, es parte del ordenamiento jurídico del Perú. Existe también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del año 1966 que fueron aprobados por la Organización de las Naciones Unidas y de los que el Perú es parte”, subrayó.
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