RCR,16 de julio 2025.- Ante los recientes casos de contrataciones irregulares en el gobierno regional de Piura, Cecilia Ruiz, abogada y especialista en contrataciones del Estado, señaló que estas prácticas representan un uso indiscriminado y perverso de los recursos públicos, distorsionando el espíritu de las contrataciones estatales que deben orientarse exclusivamente a satisfacer necesidades públicas reales y jerarquizadas.
“Los recursos públicos están para la atención de necesidades que realmente constituyan necesidades públicas y jerarquizadas. En este caso, se han encontrado gastos que no son correctamente jerarquizados ni lo que necesitaría la entidad pública, más aún, cuando se distorsiona la modalidad de contratación, adjudicando servicios no necesarios a personas que realmente no cumplen los requisitos”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la situación actual evidencia un patrón común en muchas entidades públicas del país, términos de referencia hechos a medida para beneficiar a personas sin competencias, experiencia ni mérito. “Hay un disfraz de necesidad pública que no es tal. Se montan procesos con apariencia de legalidad, pero que en el fondo buscan justificar lo injustificable”, expresó.
Ruiz sostuvo que existen tres tipos de sanciones posibles: administrativas, penales y funcionales, incluso la inacción o complicidad de las instancias encargadas, perpetuaría las malas prácticas. Mencionó que también existe una responsabilidad ética en quienes aceptan cargos sin reunir los requisitos, participando conscientemente en estas irregularidades.
“El Órgano de Control Institucional (OCI) debió haber emitido hallazgos y recomendaciones, para esto también se requiere una actuación diligente del procurador de la entidad. Tenemos que dar mensajes contundentes, procesos disciplinarios serios, sanciones ejemplares, y denuncias penales bien fundamentadas”, enfatizó.
Remarcó que es urgente fortalecer los sistemas de control y sanción, de lo contrario, ocurrirán casos similares en gobiernos regionales, gobiernos locales u otras entidades. “Lo que desprestigia al sistema de contrataciones del Estado no es la norma, sino su mal uso”, subrayó.
