Excongresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, denunció también que el modelo de corrupción transversal, que afecta a todos los estamentos gubernamentales nacional, regional y municipal es consecuencia directa del modelo de contratación de la obra pública del Estado con el sector privado; es decir, las Asociaciones Públicas Privadas (APP). 

RCR, 7 octubre 2019 .-  El presidente, Martín Vizcarra, ya no tendrá ninguna excusa para gobernar, de manera competente y realista el país, ante la eliminación del obstruccionismo legislativo, ejercido por la disuelta mayoría fujimorista y aprista, afirmó el excongresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla.

“Exacto. Ya no va a tener ninguna excusa para decir que no puede hacer (un buen gobierno) porque le interfiere o le boicotea un Congreso adverso. Ahora, tiene todo el poder concentrado”, subrayó.

Tras considerar que la disolución constitucional del Congreso “está consolidada y no hay vuelta atrás”, estimó que habrá un plazo aproximado de medio año para la definición, por el Tribunal Constitucional (TC), de una eventual sentencia sobre una demanda competencial referente a la legalidad o ilegalidad de dicha medida extrema apelada por el Poder Ejecutivo.

“Que el presidente (Martín Vizcarra) ha hecho uso de las atribuciones constitucionales, para nosotros sí (es correcto). Debe haber algún margen de discusión, porque es un proceso inédito… Creo que en el mejor de los casos, el Tribunal podría pronunciarse en dos meses: pero en dos meses, de acuerdo a la Constitución, ya estaríamos en pleno proceso de renovación del Congreso para la terminación del periodo (2016-2021)”, puntualizó.

Estimó igualmente que los decretos de urgencia que pueda emitir el mandatario, durante el corto periodo de receso legislativo, tendrán límites, ya que –anotó- en caso de no ser así las distintas instituciones de rango constitucional que hipotéticamente pudiesen considerarse afectadas podrán apelar al Tribunal Constitucional; además de la correspondiente revisión que de estos dispositivos haga el próximo Parlamento que se surja de los comicios del 26 de enero próximo.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Quintanilla denunció también que el modelo de corrupción transversal, que afecta a todos los estamentos gubernamentales nacional, regional y municipal es consecuencia directa del modelo de contratación de la obra pública del Estado con el sector privado; es decir, las Asociaciones Públicas Privadas (APP).

“(Por ejemplo,) antes, para hacer un edificio que valía cien mil dólares. Entonces, usted sacaba una licitación, y a quien se lo ofrecía hacerlo por el menor precio, usted se lo daba y sacaba noventa mil dólares. Y ese constructor podía ajustar, finalmente, diez por ciento para arriba o diez por ciento para abajo, por imprevistos. Ahora, saca usted a licitación ese edificio por cien mil dólares, y recién va a hacer los estudios. Y entonces ya no serán cien mil, sino quinientos mil dólares de arranque. Y le puede dar la facultad de que lo puede multiplicar, vía las adendas”, especificó.

Agenda nacional y construcción de mercado interno descuidados

De otro lado, el exparlamentario recalcó que, en materia económica, uno de los aspectos que más ha sido descuidado, ha sido la construcción y desarrollo de un mercado interno importante.

“Pero una vez que se produce, ¿a dónde destinamos lo producido? En el modelo actual,  producimos básicamente para el mercado exterior. Nuestra producción minera y agrícola es para exportar. Y no tenemos una producción que se dirija al mercado interno. Tiene que construirse un mercado interno. Eso significa descentralizar. Eso significa que no dejar que el mercado decida donde invertir. Porque si dejamos eso, se va a venir a Lima”, anotó.

Agregó igualmente que otro elemento fundamental es asegurar el incentivo de la inversión en la economía.

“Y la inversión tiene dos partes: la privada y la pública. (La primera) se está retrayendo y está entrando en un proceso recesivo. Yo creo en la inversión. En la economía, no hay producción si no existe inversión.

Debe aumentarse el gasto público

Ese sentido, Quintanilla estimó que cuando cae la inversión privada resulta necesario que la economía pública (el gasto público) se aumente un poco.

“Pero eso no está ocurriendo, porque hay un dogmatismo. Así como a los de la izquierda nos acusaban de estatizar todo, cuando la izquierda moderna no plantea un estatismo absoluto. Ellos caen en una posición absolutamente dogmática liberal, en el sentido de que nada tiene que ver el Estado. Eso se destina al fracaso. Esa es la lógica del mercado. Tiene que haber una lógica que se incentive la inversión en las provincias y se les dé algunas ventajas para construir mercados de consumo”, detalló.

La planificación tiene que ser aplicada  

En ese contexto, advirtió que uno principales problemas que tiene el modelo económico actualmente vigente es que la planificación ha sido dejada absolutamente de lado, lo cual –por ejemplo- tiene su impronta en el retraso en el desarrollo de las obras de infraestructura del proceso de reconstrucción del Norte.

“El otro elemento es que hay una debilidad del modelo económico en la función de la Contraloría General de la República. Es una Contraloría que si bien en el papel está encargada de acompañar y supervisar toda la inversión pública y el gasto del Estado, no tiene los recursos necesarios para hacer un acompañamiento eficiente. Eso también tiene que cambiarse”, concluyó.

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