El presidente Martín Vizcarra sigue pensando como si fuera gobernador regional producto de su inmadurez para asumir una política minera que resuelva los verdaderos problemas de la población, afirmó Javier Pereyra, presidente de la Cámara de Comercio y la Producción de Celendín – Cajamarca.

“Lo curioso es que tenemos un presidente de la República que sigue pensando como gobernador regional. Entonces, esa falta de definición de roles es producto de una inmadurez política que hace que nosotros estemos en esta situación. Mucha gente nos dice que nuestra economía se va a retraer producto de estas indefiniciones políticas y electoreras. Y eso no es cierto, porque los inversionistas extranjeros siguen invirtiendo”, dijo.

Pereyra desestimó que Vizcarra le haya dado un jaque mate al Congreso al presentar su propuesta de adelantar las elecciones generales para el próximo año con el fin de elegir a nuevas autoridades. “Lo que yo veo es un enroque, si hablamos de ajedrez, donde los políticos están buscando cómo le sacan la vuelta a las cosas en el beneficio personal, politiquero y oportunista de los dirigentes, pero no buscando el verdadero  beneficio de la población”, manifestó.

“Las autoridades están jugando a una pugna de fuercitas, de poder minúsculo, están haciendo un circo para saber si se quedan hasta el 20 o el 21. En verdad ambos tienen que quedarse hasta el 21. La situación está en manos de los ciudadanos, tenemos que darnos cuenta quiénes son los que hemos elegido para que nos gobiernen y debemos asumir nuestra responsabilidad de exigir a nuestras autoridades de que trabajen en favor de la población”, indicó, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

También sostuvo que los empresarios saben perfectamente qué autoridades han elegido y destacó la necesidad de que asuman su responsabilidad cívica en la elección de nuevas autoridades. “Esas son las autoridades que hemos elegido y tenemos que esperar a que terminen sus gobiernos. El resto es parte del circo y de las bombardas que es muy posible que estallen cuando la próxima semana se defina la posición de Keiko Fujimori, si sigue presa o sale, eso va a cambiar muchísimo el escenario político del país”, remarcó.

“El tema de la inmadurez política y económica que atraviesa el Perú se debe a que somos un gobierno chicha, porque todo es una improvisación. Si nosotros nos ponemos a mirar con cierta agudeza nos damos cuenta que en el Congreso y en los gobiernos tenemos a las personas que en verdad no nos representan. Cuántos mamanis y cuántas betetas hay, que votan siempre por esta gente porque se sienten representados”, manifestó.

Lamentó también que la historia reciente de dictaduras y la época del terrorismo no hayan servido para enseñar a los jóvenes con el fin de no correr el peligro de que se repitan esas lacras. “Lo más triste es que nuestras autoridades no tienen una madurez cívica, porque tenemos gobernadores que no saben cuál es el rol que tienen que desempeñar, conocen todos sus derechos, pero no conocen sus deberes”, dijo.

“Producto de eso, tenemos gobernadores que no saben si son congresistas, si quieren ser presidentes regionales y terminan asumiendo todo menos el rol que les corresponde como gobernadores regionales. Producto de eso, tenemos a gobernadores regionales que quieren asumir roles que no les corresponden”, recalcó.

Pereyra indicó que es necesaria una nueva ley de minería pero “sin cambiar los conceptos de una República que nosotros la tenemos fundada”. “Esta nueva ley tiene que hacerse en función de generar una sinergia entre el Gobierno central y los gobiernos regionales y locales que puedan articular una propuesta conjunta con las empresas mineras para cubrir el verdadero problema del pueblo”, precisó.

“La nueva ley de minería ha sido planteada por muchos gobernadores regionales, pero no desde la mirada real que en verdad se necesita para una nueva minería. En el 92 Fujimori hizo la actual ley de minería porque el escenario era totalmente distinto. Nadie quería venir al Perú a invertir porque no había esa estabilidad jurídica y legal y económica. Yo recuerdo que en Cajamarca los geólogos viajaban en una camioneta en compañía de dos camionetas que eran sus guardaespaldas”, recordó.

Explicó que esas leyes se aplicaron a determinadas inversiones mineras, pero lamentó que “desde esa fecha hasta ahora, 27 años ya, no ha habido por parte del Congreso una mirada seria y responsable para actualizar esa ley de minería”.

El empresario cajamarquino puntualizó que el gobierno central no se da cuenta que su responsabilidad es la gran minería, al resaltar que esa actividad tiene los recursos necesarios para manejar su presupuesto. “Los gobiernos regionales tampoco entienden que la minería es una generadora de divisas. Entonces, pretenden en estos momentos hacer una nueva ley de minería porque quieren cambiar el régimen tributario y eso no es así”, dijo.

Enfatizó que “el tema tributario le corresponde a las políticas públicas, son cosas del Estado, del Gobierno central. Nosotros no somos un país federado, entonces no es posible que planteen una nueva ley de minería en donde a ellos les den la potestad sobre cosas que no las puedan manejar”.

Pereyra remarcó que los gobiernos regionales deben tomar en cuenta que la minería informal es la que causa daño ambientales. “El daño ambiental es producto de la pequeña y mediana minería, que sí les corresponde regir a los gobiernos regionales”, puntualizó.

En ese sentido, dijo que los funcionarios del Gobierno central, los gobernantes regionales, y los congresistas tienen que entender que se necesita asumir una madurez cívica para corregir la minería clandestina. “Tenemos que atacar la minería clandestina que no paga impuestos, que termina disfrazándose de mil formas y metiéndose por debajo de la alfombra en distintas actividades”, remarcó.

Además, mostró su desacuerdo con la participación del Estado en las inversiones mineras. “Se tiene que entender que aquellos que quieren que el Estado sea socio, tiene que entender que de cada cien proyectos de exploración uno se convierte en minería. Entonces el Estado no tiene los recursos para ser socio de esto para invertir”, precisó.

Respecto a las poblaciones que ocupan superficies de proyectos mineros, destacó la  necesidad de generar propuestas nuevas y recalcó que “para mí lo que se tiene que tener en cuenta en el Congreso es un trabajo con respecto a la tenencia de tierras, para que esta gente que está en la superficie de las tierras donde están los minerales tenga el verdadero beneficio”.

También lamentó que el 50% del impuesto a la renta minera llegue a los gobiernos locales, regionales y universidades sin ser utilizado de manera correcta. Precisó que “hay más de 12 mil millones en Cajamarca que deberían haberse utilizado en favor de la población y lamentablemente no hemos tenido las autoridades con la capacidad y el conocimiento y la voluntad de hacer las cosas de la manera correcta”.

Pereyra recalcó que los inversionistas son los menos afectados por la paralización de proyectos mineros, porque “a quienes afecta más es a la población”. Explicó que “un inversionista minero puede esperar 10, 15 o 20 años para que salga un proyecto, pero la población tiene que entender que si no exigen a sus autoridades a que se manejen de manera correcta, vamos a tener décadas sin resolver los problemas que tiene la población. Es necesario que la población no caiga en este juego y manipulación en la que estamos en estos momentos”.