RCR, 09 de enero de 2026.- El director fundador del Grupo de Análisis Ciudadanía Sin Fronteras, Alfredo Salvador Flores, informó que el monitoreo realizado a través de diversas organizaciones no gubernamentales indica que el número de detenidos por razones políticas en Venezuela supera las 800 personas. Agregó que la sociedad civil y diversos dirigentes sociales demandan una liberación completa, y no solo de grupos específicos o figuras prominentes, para que se pueda considerar que existe un proceso de justicia y respeto a la integridad y los derechos humanos de los afectados.
“La reciente liberación parcial de presos políticos en Venezuela no representa aún un avance real en materia de justicia y derechos humanos, ya que el número total de presos políticos en el país supera las 800 personas, por lo que la sociedad civil y diversas ONG insisten en que la única salida aceptable es la liberación total de todos los detenidos”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que existen personas privadas de libertad desde hace más de dos décadas, algunas detenidas tras los sucesos del golpe de Estado de 2002 y el posterior paro petrolero. Mencionó que, a lo largo de más de 20 años de protestas y resistencia civil, la respuesta del régimen ha sido desproporcionada, con detenciones de civiles desarmados que participaron en manifestaciones pacíficas, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales.
“Entre los casos más emblemáticos, se encuentra el Rocío San Miguel, activista y directora de una ONG dedicada a analizar la estructura de seguridad y militar del Estado venezolano, quien recientemente fue liberada, ya que su trabajo permitió evidenciar el funcionamiento de redes criminales dentro de las Fuerzas Armadas, lo que la convirtió en un objetivo del régimen, incluso algunos militares detenidos habrían sido torturados”, enfatizó.
Salvador denunció que, además de presos políticos, existen casos de personas acusadas de delitos como traición a la patria sin garantías procesales, así como situaciones de retención forzada de familias y menores, que calificó como prácticas de extorsión y secuestro encubierto por parte del aparato estatal.
“El régimen de Nicolás Maduro opera como una estructura criminal que no solo reprime a la disidencia, sino que utiliza el control institucional para presionar y extorsionar a la población, por lo que la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, responde más a un problema de seguridad regional que únicamente a la defensa de la democracia, debido a los vínculos del régimen con redes de delincuencia organizada”, anotó.
Remarcó que Venezuela se encamina hacia un complejo proceso de transición y justicia transicional, marcado por negociaciones internas y externas, aunque advirtió que no se debe confiar en la cúpula chavista, el rol de actores internacionales será clave para impulsar la reinstitucionalización, nuevas elecciones y la recuperación económica del país.
