URVIOLA HANI: ÚLTIMA CRISIS EN MINISTERIO PÚBLICO RATIFICA QUE PEDRO CHÁVARRY NUNCA DEBIÓ SER FISCAL DE LA NACIÓN

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Expresidente del Tribunal Constitucional, fue claro en manifestar también que, desde el punto de vista jurídico, no hay capacidad de intervención o intromisión gubernamental en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que declara en emergencia el Ministerio Público

RCR, 3 de enero 2019.- Las marchas y contramarchas del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en esta crisis institucional que afecta a la institución, no hacen más que ratificar que nunca debió haber ocupado tan alta responsabilidad, afirmó el expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola Hani.

 “En cuanto a la crisis del Ministerio Público, creo que ha llegado a la cúspide con las marchas y contramarchas del señor (Pedro) Chávarry que no hacen más que ratificar que fue una persona que nunca debió haber llegado a tan alto cargo y asumido una responsabilidad en un momento tan importante para el país, cuando estamos afrontando un proceso de investigación ante una ola de corrupción que compromete a más de una gestión presidencial en el país”, subrayó.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Urviola fue claro en manifestar también que, desde el punto de vista jurídico, no hay capacidad de intervención o intromisión gubernamental en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que declara en emergencia el Ministerio Público.

“Es el propio Ministerio Publico, con la intervención de los fiscales adjuntos supremos, los que conducirían la institución, en tanto se instale la Junta Nacional de Justicia que sería la encargada de evaluaría a los fiscales que quedarían suspendidos, no destituidos”, detalló.

“Hay situaciones de crisis que necesitan respuestas creativas y a veces drásticas, como la que ha planteado el presidente como una reacción desde la perspectiva política, rápida y acertada. Porque no había forma de desencadenar una solución a la crisis empantanada, con acusaciones constitucionales encarpetadas en el Congreso, sin la presencia del Consejo Nacional de la Magistratura inoperativa por la falta de la una Ley Orgánica que está discutiéndose en el Congreso”, apuntó.

Refirió que esta situación sui generis, desde un punto de vista constitucional, requería una respuesta rápida que si bien es cierto podía afectar la autonomía constitucional del Ministerio Público, en un análisis desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay derechos principios e instituciones que a veces se afectan en mayor y menor intensidad, en aras de restablecer derechos y principios de mayor jerarquía o trascendencia, como en este caso.  

“Y si bien (el proyecto de ley) establece no la destitución sino la suspensión de los Fiscales Supremos y del Fiscal de la nación, para asumir los fiscales supremos adjuntos; en realidad ésta es  una afectación leve, porque serían estos fiscales supremos adjuntos los que asumirían las funciones del Ministerio Publico, y estableciendo los criterios de una reestructuración que la harían en uso de esa autonomía que reconoce la Constitución”, expresó.   

En todo caso, estimó que “es leve” la afectación que podría haber en la autonomía de la Fiscalía de Nación, a diferencia de lo que ocurrió con el Consejo Nacional de la Magistratura.

“Hay situaciones en los que el orden constitucional nos obliga a establecer una ponderación, a hacer un análisis de proporcionalidad para ver si la afectación temporal de una institución o un derecho se justifica en la medida que hay otros derechos, principios o intereses supremos de la Nación que son más importantes que preservar quizás la permanencia de una persona en un cargo”, especificó.

Chávarry no tiene otra alternativa que renunciar

Asimismo, consideró que en este momento el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no tiene otra alternativa que presentar su renuncia al cargo.

“Porque la forma cómo ha actuado, antes y después de su nefasta decisión de apartar a los fiscales (José) Pérez y (Rafael) Vela, creo que se ha agravado. Incluso con la misma revocatoria de su Resolución. Y ratifica las sospechas de responsabilidad y conexión con las denuncias de las que ha sido objeto, tanto penalmente como constitucionalmente en el Congreso. De tal manera que el señor Chávarry no debe permanecer un minuto más en el Ministerio Público”, enfatizó.

A su juicio, consideró que la fiscal suprema Zoraida Arias podría asumir la titularidad de la Ministerio Publico, “que ha mostrado en los últimos tiempos una disposición a solucionar la crisis que se ha presentado en el Ministerio Público”. 

Ya se ha producido riesgo jurídico con decisión de Chávarry  

Refirió igualmente que la afectación de la seguridad jurídica por la decisión de Chávarry ya se producido, y un buen ejemplo de ello es la postergación, desde el Brasil, del acuerdo de colaboración con Odebrecht que iba a suscribirse este 11 de enero.       

“Es evidente que toda actividad económica, y las de inversión extranjera, son muy sensibles a estos acontecimientos, porque siempre tienen que ver con la seguridad de recuperar sus inversiones de manera adecuada. Y para esto el aparato de administración de justicia, del cual  forman parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y otros organismos juegan un rol importantísimo”, puntualizó. 

Sin embargo, dijo tener una mirada optimista “porque es estos acontecimientos están generando más bien, una expectativa especial en el extranjero, respecto a la imagen que está reflejando el país.”   

“Creo que (Perú) es el único país que tiene cinco expresidentes cuestionados y enjuiciados. Y este incidente en el Ministerio Público es la prueba de que el sistema democrático en el Perú, con todos sus defectos, está funcionando. Además de la reacción del pueblo peruano que quiere que se castigue la corrupción y se administre justicia adecuadamente… Es una etapa muy importante que no se debe truncar”, remarcó.  

De otro lado, expresó su discrepancia respetuosa con el presidente Martín Vizcarra, en relación a su desacuerdo a que la empresa Odebrecht siga contratando por el Estado y brindado algún tipo de servicio.

“El hecho que se castigue el delito delos funcionarios cuando la empresa operaba en el país no  quiere decir que condene a una empresa de la cual forman parte trabajadores que generan una cadena de pagos, donde estos involucrados pequeños proveedores que no tienen que ver nada con los actos delictivos que se han cometidos en nuestro  país y que nos han perjudicado tanto”, aseveró.

Escuchar entrevista…