RCR, 08 de septiembre de 2025.- El presidente del Consejo Privado de Competitividad y exministro de Economía Y Finanzas, David Tuesta, señaló que el nuevo gobierno heredará un escenario fiscal frágil, que lo obligará a aplicar ajustes para mantener la confianza en los mercados financieros internacionales. De lo contrario, el país correría el riesgo de encarecer su deuda externa, comprometiendo recursos que deberían destinarse a infraestructura y servicios públicos.
“Es probable que el próximo gobierno realice muchos ajustes porque, así como cualquier actor económico, cualquier familia o empresa, quiera solicitar un préstamo es evaluado. Entonces, el Perú también es evaluado en los mercados financieros, y si tu calidad de pagador entra en cuestión, entonces significará que las tasas de interés serán más altas”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que el déficit fiscal actualmente se ubica en torno al 2,6 % del PBI, con la meta de reducirlo a 2,2 % este año y a 1,8 % en 2026, lo cual consideró una ilusión bajo las actuales circunstancias. Asimismo, cuestionó además que las proyecciones descansen en ajustes que deberían ejecutar los próximos gobiernos, principalmente mediante recortes de planillas, algo que calificó de inviable.
“El incremento del gasto público en los últimos años, principalmente por mayores sueldos en el sector público y el reciente aumento en las pensiones del magisterio, ha generado presiones fiscales difíciles de revertir. A esto se suma la propuesta de otorgar CTS a trabajadores CAS, que podría costar cerca de 2.000 millones de soles adicionales al Estado”, expresó.
Respecto al caso de Petroperú, Tuesta sostuvo que los constantes rescates estatales solo profundizan el déficit fiscal y que la empresa requiere una transformación estructural con inversión privada de gran escala, considerando que las cifras reportadas son auditadas y correctas, y este panorama refleja la gravedad de la crisis.
“Abrir los estados financieros en detalle permitiría conocer la magnitud del problema y planificar medidas más efectivas para enfrentar el déficit. Por lo que la falta de claridad en la gestión de Petroperú debilita la confianza de la ciudadanía y compromete la estabilidad fiscal del país, pues obliga al gobierno a destinar recursos públicos para sostener a la compañía”, anotó.
Remarcó que la reciente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, que busca agilizar la ejecución de proyectos de infraestructura, manifestó que reduce la burocracia que retrasaba las adjudicaciones hasta cinco años y limita la intervención de entidades cuyo rol técnico no era relevante para el proceso.
“La nueva legislación protege a los funcionarios que toman decisiones técnicas, evitando que sean responsabilizados civil o penalmente por eventuales observaciones, esta reforma permitirá que la inversión pública bajo la modalidad de asociación con la entidad privada, mostrará un avance con mayor rapidez, contribuyendo a dinamizar la economía en un contexto marcado por la incertidumbre fiscal y la crisis de Petroperú”, subrayó.
