RCR, 17 de Octubre 2022 .- Gustavo Adrianzén, ex procurador de la PNP y del MINDEF, dijo que todos los caminos son válidos para acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo e inhabilitarlo para el cargo. Precisó que tanto el artículo 117 como el artículo 99 de la Constitución Política son concurrentes para someterlo a un juicio político.

“No se trata de mecanismos opuestos. Estamos conduciendo de manera equivocada esta discusión. No creo que los caminos sean excluyentes. Creo que deben ser concurrentes. Sostengo que lo que se defiende son cosas diferentes, las responsabilidades son diferentes en cada caso”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Precisó que la fiscal de la nación ha interpuesto una denuncia constitucional contra el presidente por tres gravísimos delitos: pertenencia y liderazgo de una organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. “Estamos hablando de delitos. La fiscal de la nación plantea que, tratándose de delitos, tiene que hacerse una interpretación conforme a la Convención de Lucha contra la Corrupción, para aperturar el 117 y permitir la inclusión de estos delitos adicionalmente a los que ya existen en el artículo mencionado”, indicó.

“El otro camino es alternativo es que el nos propone el artículo 99 de la Constitución, que es el juicio político por infracción constitucional. La denuncia constitucional es tan sólida que tiene 190 indicios perfectamente corroborados. De los cuales, con absolutamente claridad, podemos identificar las ocurrencias de por lo menos cuatro infracciones constitucionales, que estarían atacando el 118, que nos habla de las atribuciones del presidente de la República”, agregó.

Señaló que , teniendo como base la denuncia constitucional y las pruebas que en ella se han presentado, lo que debería ocurrir es que se extraigan varias infracciones constitucionales y sobre esa base interponer la denuncia contra el presidente de la República para que siga el trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Comisión Permanente, pleno, etcétera.

“No estamos hablando de delitos, estamos hablando estamos hablando de infracciones a la Constitución generadoras de responsabilidad política y es esta responsabilidad política por la que se le tendría que hacer un juicio político a Castillo a efectos de determinar su responsabilidad y si en ese camino se identifican infracciones constitucionales la consecuencia política es la inhabilitación para el cargo público. Estos dos caminos no se oponen y podrían ser perfectamente concurrentes”, subrayó.

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