En Vivo

TESTIMONIO DE BARATA PERMITIRÁ AVANZAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRA CORRUPCIÓN

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on linkedin

Las declaraciones que brinda el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, a los fiscales peruanos, permitirá avanzar en la siguiente etapa en las investigaciones a políticos y exfuncionarios presuntamente involucrados en actos de corrupción, consideró el abogado Luciano López.

En declaraciones a RCR, Red de Comunicación Regional, explicó que la declaración de Barata cierra la ronda de testimonios de los exejecutivos de Odebrecht, conseguidos en el marco del convenio de colaboración eficaz con el Ministerio Público.

En el caso de las denuncias contra políticos y exfuncionarios apristas, López dijo que si bien la investigación recién comienza, la información proporcionada por Jorge Barata permitirá pasar de la actual detención preliminar a solicitar la prisión preventiva de los principales implicados, con sustento más sólido.

El especialista dijo que el testimonio de Barata tendrá el mismo impacto en el caso contra Susana Villarán por el supuesto aporte de Odebrecht a la campaña en contra de su revocatoria. En este caso dijo que es probable que la fiscalía presente una acusación ante del Poder Judicial.

Lo mismo podría ocurrir en el caso contra el expresidente Ollanta Humala, donde la fiscalía podría formular la acusación, llevarlo a juicio y solicitar una condena.

Luciano López dijo que los resultados de los testimonios de Barata y de otros ejecutivos de la empresa brasileña explica la reacción de los políticos en contra del acuerdo de colaboración eficaz. «Esto siempre se quiso evitar y la declaración de Barata pone en evidencia a los políticos que quisieron frustrar el convenio», comentó.

De otro lado, el abogado cuestionó el cuestionamiento del presidente Martín Vizcarra a los fiscales por solicitar la prisión preventiva. Explicó que si bien los fiscales deben tener mesura en las medidas que solicitan, el gobierno a su vez tiene la obligación de evitar la fuga de investigados, lo que hasta ahora no puede garantizar como se evidencia con las fugas del exjuez César Hinostroza y el exgobernador regional del Callao, Félix Moreno.