Fuente : Diario La Región 

Señala el fiscal especializado en materia ambiental de Nauta Félix Castro.

Agregando que, pese a ello, los que emiten información falsa en el marco de los permisos para el aprovechamiento de bosques, siguen trabajando en esa institución del Estado.

Al fiscal se le entrevistó respecto a la sentencia efectiva de 5 años de cárcel dada por el segundo juzgado penal contra un empresario que llevaba madera ilegal a México y Estados Unidos; lograda por su colega Carlos Castro Quintanilla.

“En la mayoría de casos esa madera proviene de títulos habilitantes autorizados por el gobierno regional, pero por diversos motivos que van desde una mala supervisión de esa institución, es que se han dado permisos para lugares que no cuentan con áreas adecuadas de aprovechamiento.

Autorizan permiso forestal en área de una comunidad nativa y cuando va el organismo supervisor OSINFOR, verifica que es un aguajal. En ese sentido el organismo nos remite un informe señalando que han sacado muchos metros cúbicos de madera de diversas especies de ese permiso forestal, pero que cuando han ido a esa área ven que no es posible porque esa extracción no existe. Entonces inician un proceso administrativo.

Para nosotros el titular del permiso también es responsable porque ha sacado madera de otros lugares utilizando las guías de transporte para usar la madera y darle una apariencia legal.

Por otro lado, está la responsabilidad de los funcionarios del gobierno regional que otorgan esos permisos sin hacer debidamente su trabajo, sin realizar una inspección ocular para con un informe técnico señalar que los arboles están ahí. Sin embargo, muchas veces los arboles no existen” detalló el joven fiscal especializado en materia ambiental.

¿Utilizan la documentación por eso es que hay 265 comunidades nativas multadas por 130 millones de soles?
-Muchos de esos funcionarios han aprobado informes técnicos, permisos forestales sin verificar lo que dicen. O hacen entrega de permisos hasta en zona de amortiguamiento, como en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Lo hacen sin ni siquiera haber solicitado un informe previo y obligatorio al Sernanp. Y esos funcionarios públicos siguen trabajando en el gobierno regional.

El gobierno regional sabe que sus funcionarios y servidores públicos están cometiendo delitos y pese a ello, siguen trabajando en esa institución del Estado.

Osinfor supervisa y comunica a GERFOR y ahí como mínimo se debió haber mandado a ese funcionario o servidor ante el Órgano de Control Institucional para que le abran proceso administrativo sancionador o que le inhabilite. Se sancione o se le despida como a cualquier otro funcionario que comete infracción dentro de la administración pública.

Pero cuando se solicita a Gerfor que informe sobre los funcionarios o servidores que tienen proceso administrativo sancionador, una sorpresa saber que no tienen ningún proceso por parte del gobierno regional. Más aún si se trata de Gerfor a nivel de provincia donde cuentan con locadores. Si no cumple sus funciones pues le quito el contrato y lo saco; además que se le registre como a una persona que no puede ser contratada porque no cumple.

Pero en el gobierno regional y gerencia de recursos forestales, esto lo pasan por agua tibia. Es una situación engorrosa y permite que los funcionarios, así como servidores cometan delitos, todos los años vemos lo mismo. En estos casos se hablaría hasta de omisión de funcionarios por parte de Gerfor al no comunicar una denuncia de ese tipo que está en el Art. 316 del código penal. Tienen la obligación de hacerlo, pero no lo hacen.

La fiscalía en materia ambiental ha logrado 5 años de cárcel para empresario que exportaba madera ilegal ¿importante sentencia?

-Para nosotros son pocos años los dados para la cantidad de madera que ha exportado. Al parecer es porque es primario y le dan esa pena tan baja. No es solo responsabilidad del empresario, sino también de los funcionarios que avalaron la documentación que luego utilizó el empresario para sacar la madera al exterior.

Esa documentación tuvo que haber pasado por varias manos.

Una primera sentencia de un acto delictivo. Los empresarios ya no son dueños de títulos habilitantes, sino terceros o las comunidades que finalmente son las sancionadas con multas por parte de OSINFOR. Víctimas por la ignorancia y aprovechamiento de empresarios, así como y funcionarios que avalan ese tipo de procedimientos.