RCR, 08 de septiembre 2025.- El consultor en Gobernanza Ambiental Fernando Cuadros alertó sobre la presencia de amenazas «muy puntuales y permanentes» que enfrentan el Parque Nacional Ichigkat Muja, ubicado en el departamento de Amazonas en la frontera con Ecuador.

Entre las principales amenazas, mencionó la tala ilegal, la sobreexplotación de recursos naturales como el aguaje y la carne de monte, y el ingreso de la minería ilegal a la zona de amortiguamiento.

Estas actividades, identificadas en procesos participativos con líderes Awajún, técnicos y guardaparques, representan riesgos significativos para la conservación del área natural protegida ubicada en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Ecuador, señaló Cuadros.

Agregó que los impactos de la minería ilegal en la zona de amortiguamiento son múltiples. Desde una perspectiva ambiental, el uso de componentes químicos nocivos puede contaminar los afluentes del río Santiago, con el riesgo de ascender hacia el parque nacional, lo que sería «totalmente catastrófico para un ecosistema tan puro y único».

En el ámbito sociocultural, mencionó que la actividad minera a menudo viene acompañada de otras costumbres y modos de vida que podrían «trastocar el tejido social y cultural» de los pueblos Awajún y Wampis, llevando a la degradación de su cultura.

Cuadros enfatizó que si la cultura Awajún-Wampis desaparece, también corre peligro la conservación del parque, ya que la cultura y la biodiversidad están ligadas bajo el concepto de biocultura.

El consultor en Gobernanza Ambiental indicó que el Parque Nacional Ichigkat Muja, que protege 88,477 hectáreas en el lado peruano, es un área natural protegida estratégica por su triple dimensión: cultural, al representar la historia viva de los pueblos Awajún y Wampis en Perú y Shuar en Ecuador; histórica, al simbolizar un acuerdo de paz y hermandad binacional tras el conflicto armado de 1995; y biológica, al ser un punto caliente de biodiversidad que conecta la Amazonía con las selvas yungas desde Ecuador hasta Perú.

El parque brinda servicios ecosistémicos directos a aproximadamente 23,000 habitantes en dos distritos e indirectamente a cerca de 350,000 entre Perú y Ecuador. La gestión del lado peruano es más desarrollada, con procesos participativos con las comunidades Awajún y Wampis, que tienen sus tierras saneadas legalmente y participan a través de un comité de gestión. En contraste, el lado ecuatoriano presenta un «déficit» en la protección de la zona contigua a la frontera.