RCR, 21 de julio de 2025.- Luis Heredia, asesor legal del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), informó que el gremio magisterial presentó más de 30 mil firmas exigiendo derogatoria de la ley 32242, que es lesiva para los docentes ya que permite su destitución automática si son condenados en primera instancia por delitos graves.
“Esta norma, actualmente en vigencia, permite destituir a docentes con una sentencia condenatoria en primera instancia, una disposición que, según el gremio, vulnera principios fundamentales del debido proceso y los tratados internacionales de derechos humanos”, dijo en el programa Enlace Educativo por RCR.
Precisó que una vez que la RENIEC verifique las firmas, devolverá el expediente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicando que se han superado las 5.000 firmas. Ante esta información, el JNE emitirá una constancia que acredita este hecho, la cual es un requisito de admisibilidad para presentar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32242 ante el Tribunal Constitucional.
“Los planillones fueron presentados formalmente el 15 de julio, cumpliendo todos los requisitos exigidos por el JNE. Posteriormente, el material será remitido a la RENIEC, que deberá verificar la validez de las rúbricas, una vez confirmadas más de 5,000 firmas válidas, se emitirá una constancia que permitirá ingresar la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”, expresó.
Enfatizó que la ley en cuestión establece una excepción inconstitucional al magisterio, pues en todos los demás regímenes laborales la destitución solo procede cuando existe una sentencia firme. “Esta norma pretende silenciar a los maestros que critican las políticas de turno, y atenta contra el derecho a la pluralidad de instancias y al debido proceso”, afirmó.
Asimismo, destacó que la demanda de inconstitucionalidad ya se encuentra elaborada con el objetivo de que el Tribunal Constitucional anule esta ley y restituya el marco legal que impide destituir a un trabajador sin que haya una sentencia definitiva. “No solo es el daño laboral, es también el daño psicológico y moral que se le causa a una persona que luego resulta inocente”, alertó.
Remarcó que también se ha impulsado otros proyectos de ley para beneficio del magisterio, entre ellos el adelanto de la CTS, el reconocimiento por 35 y 40 años de servicio, pensiones dignas y escolaridad para nombrados desde 2025. Algunos de estos ya han sido recogidos por congresistas y se espera que entren en debate en la próxima legislatura.
