RCR, 18 de Octubre 2020 .- El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro Chipana, señaló que la Resolución Viceministerial 193, que establece que los alumnos que no tuvieron acceso a la estrategia “Aprendo en casa” tengan un reforzamiento entre enero y julio del 2021, debió ser consultada con el gremio magisterial. En ese sentido, planteó al gobierno que se emita una nueva ley para contratar nuevos docentes que se encarguen de ese reforzamiento y no perjudicar las vacaciones de los maestros que laboraron en el presente año.
“La preocupación entre los padres de familia y los docentes es como hacemos para culminar el año lectivo de la mejor forma. La evaluación que ha sido saneada con esta Resolución Viceministerial 193, pero a su vez refleja vacíos y genera nuevas preocupaciones. Se establece una promoción guiada y una relación estrecha entre el año 2020 y 2021, que van a ser prácticamente complementarios en términos de año lectivo, y se plantea también la promoción automática”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Se plantea que los alumnos que no hayan logrado la promoción automática este año, sean sujetos de un fortalecimiento del aprendizaje, o sea los que no han accedido a la estrategia y los que se han retirado. ¿Quién va a realizar esas labores en enero y febrero?, incluso la norma establece que se puedan ir hasta julio. ¿Quién lo va a desarrollar? ¿El maestro que ha estado laborando este año y está extenuado, cansado y estresado, que ha tenido bajo sus hombros la estrategia ‘Aprendo en casa’ y debe salir de vacaciones en diciembre o aquí hay que contratar a personal idóneo?”, expresó.
Sugirió que “este vacío debe significar una normatividad y un proceso de contratación de docentes que desarrollen eses trabajo”. “También hay que ver qué va a ocurrir el próximo año y eso requiere también el dialogo, que es fundamental, y una norma producto del consenso”, indicó.
“Al comenzar la educación a distancia un tema era el conocimiento de las tecnologías de la información y ahí había un 55% del magisterio que tenía necesidades serias de actualización en ese terreno. Eso ha sido cubierto por la Derrama Magisterial y el sindicato en todo el país, pero el manejo de la virtualidad y la educación a distancia debe ser enfatizado como responsabilidad central del gobierno”, comentó.
Señaló que “antes de la pandemia había instituciones descuidadas, durante la pandemia estaban desoladas y ahora, con el reinicio de las actividades académicas, el gobierno debe asegurar las condiciones sanitarias para garantizar la integridad y la vida de la comunidad educativa”. “La conectividad sigue siendo un gran vacío, en Cajamarca el presidente ha repartido 2,000 tabletas y el compromiso es de 840,000 para alumnos y más de 90,000 para docentes”, agregó.
“En la educación a distancia existen más de 6 millones y medio de alumnos y más de 500,000 trabajadores. Aquí hay un vacío importante que cubrir y una responsabilidad que el gobierno no puede desatender. Por eso, consideramos que los mecanismos de solución de los temas prioritarios deben desarrollarse de manera consensuada”, remarcó.
Normas sin consenso
Castro consideró que “la normatividad que se ha publicada últimamente, no ha sido de conocimiento del magisterio, no ha solicitado la opinión del Sutep, no ha nacido legítimo y tuvo que ser modificado y ha tenido vacíos”. “Por eso es fundamental que el diálogo que se sostenga con el ministerio sea como el Sutep lo ha planteado, no una mera conversación, sino tener en cuenta la opinión del otro. El diálogo tendrá sentido cuando ambas partes presenten soluciones a la población magisterial”, planteó.
Respecto al proyecto de ley que reincorpora a docentes interinos cesados el 2014, dijo que significa la reivindicación de derechos, pero no de los 14,000 docentes como tendenciosamente se manifiesta, sino a no más de 3,000 maestros que teniendo título profesional antes de la Reforma Magisterial fueron marginados al no ser considerados conforme a la Ley de Profesorado”.
“Este problema lo ha generado el Ministerio de Educación. No es cierto que el retorno de estos maestros vaya a significar la destrucción de la carrera magisterial o que la meritocracia terminó. Eso es falso, porque estos maestros están contratados y tienen grados académicos”, afirmó.
Explicó que “el año 2014 citaron a más de 14,000 maestros, pero entre ellos había muchos compañeros que no tenían título profesional”. “Cuando se habla de docentes interinos se involucran a estos compañeros, pero la preocupación del proyecto de ley son los maestros titulados no los interinos. Más o menos 6,000 docentes ya tienen 65 años y están en el límite de edad, entonces estamos hablando de 3,000 maestros que pueden ser beneficiados. Hay más de 50,000 plazas orgánicas, pero resulta que ahora tenemos 110,000 alumnos que vienen de escuelas privadas y el razonamiento nos indica que necesitamos más plazas en educación”, subrayó.
