Fuente : El Comercio
El jefe encargado de la superintendencia, Oswaldo Zegarra, indicó ante la Comisión de Educación del Congreso que las casas de estudios tendrán hasta 5 años para cerrar sus puertas. A la fecha, hay 45 universidades que no lograron el licenciamiento con más de 212 mil estudiantes
El jefe encargado de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, informó que se ampliará el plazo establecido para el cese de universidades con licenciada denegada hasta por 5 años, debido a la emergencia nacional por el COVID-19. El anuncio lo hizo esta mañana durante su presentación ante la Comisión de Educación del Congreso.
A la fecha, 45 universidades del país (44 privadas y 1 pública) no lograron demostrar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad (CBC) de la Ley Universitaria, por lo que la Sunedu no les otorgó la licencia de funcionamiento institucional.
La norma establecía que dichas casas de estudios debían cesar sus actividades en un plazo máximo de dos años, asegurando en ese periodo la continuidad del servicio educativo, pero ahora contarán con tres años adicionales si lo consideran necesario dada la coyuntura y el impacto de la pandemia.
“Hemos prorrogado por tres años más para que las universidades denegadas puedan seguir funcionando y faciliten que los alumnos puedan culminar su carrera. […] estas situaciones son de mucho conflicto e interés dentro de la comunidad universitaria”, explicó Zegarra.
Debido a la denegatoria de licencia en estas 45 universidades, unos 212.000 estudiantes debieron considerar su traslado o culminación de estudios en la misma institución. Según la Sunedu, del total del alumnado afectado, 17.395 se trasladaron; 56.555 siguieron en la universidad denegada; y otros 10.816 ya egresaron.
El superintendente encargado reiteró ante los congresistas que el cierre debe ser progresivo y ordenado, ya que ninguna universidad denegada puede interrumpir el servicio educativo de forma intempestiva. De hacerlo, puede ser sancionada por cometer una infracción muy grave, con multas de hasta el 8% de su presupuesto, además de interponerse acciones penales contra sus representantes por desobediencia a la autoridad.
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