RCR, 23 de Agosto 2022 .- Roseles Machuca Vílchez, jefe de la Oficina Desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Saneamiento (SUNASS – CAJAMARCA), anunció que han lanzado la campaña “Agua legal”, para frenar las conexiones clandestinas en Cajamarca, que ha aumentado desde el 2020 de 36% a más. Advirtió que las penas por las conexiones clandestinas van de uno a seis años de pérdida de la libertad.
“La campaña ‘Agua legal’ significa que tenemos varias conexiones clandestinas, uso clandestino del servicio y los impactos redundan en los usuarios que tienen acceso al servicio y es un derecho que les corresponde y las conexiones clandestinas afectan en principio a los usuarios que tienen el derecho al mismo”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que una conexión clandestina es un delito porque afecta a la infraestructura, se afecta a un bien público, se afecta a una red que abastece del servicio a la población de Cajamarca. “Siendo bien público, al ser afectado cualquiera sea su magnitud, indudablemente se constituye en un daño y afecta a las personas y eso tiene sanciones”, indicó.
Informó que la campaña se ha organizado por iniciativa de la empresa prestadora Sedacaj, la Fiscalía de Prevención del Delito, la dirección ejecutiva de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Sunass, a través de su oficina desconcentrada en la ciudad de Cajamarca.
“Lo primero, es incentivar a los usuarios a que puedan denunciar estas conexiones clandestinas y los que pueden hacer la denuncia indudablemente son las personas más afectadas. La segunda, es que vamos a hacer campañas informativas, reuniones por sectores y se va a informar los procedimientos para acceder de forma legal a lo que es el servicio de agua. Tercero, vamos a tener charlas y actividades de revisión inspección”, precisó.
Reveló que, en el año 2020, que es el primer año del año del quinquenio regulatorio de Sedajac (2020-2024), el agua no facturada significaba 36%. “Eso tiene que bajarlo de acuerdo a las metas de gestión a 34%. Sin embargo, hoy entendemos que está por encima del 36%, en vez de bajar ha subido. Sedacaj tiene que hacer inspecciones, tiene que hacer este la búsqueda de esta información, ubicar esos puntos y tener que bajar ese porcentaje de agua no facturada”, apuntó.
Mencionó que una conexión clandestina tiene dos tipos de riesgos. “Uno, porque las conexiones pueden ser de manera no adecuadas y se pueden filtrar aguas que no son recomendables para el uso doméstico y eso estaría atentando contra la salud de las personas y además eso también atenta contra la calidad del agua que la empresa tiene que entregar”, precisó.
“Y, en segundo lugar, afecta desde el punto de vista de la moral, de la responsabilidad y eso es sancionado y la Fiscalía de Prevención del Delito expresa que hay penas que van desde un año hasta 6 años de la pérdida de la libertad, dependiendo de la magnitud de la infracción”, alertó.
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