Abogado especialista en gestión pública, Víctor Hugo Quijada, manifestó también que el principal reto que tendrá que afrontar el gobierno es el de “recuperar la confianza” de las comunidades campesinas que interactúan con los proyectos mineros, a través de un buen equipo de mediadores que conozca nuestra realidad y atienda las reales necesidades de la población.

RCR, 28 de marzo 2019.- La solución del conflicto de Las Bambas es una verdadera “prueba de fuego” para el gabinete ministerial de Salvador de Solar que en caso de desborde social podría costarle el puesto, por lo que –anotó debe actuar mediante el diálogo sincero a fin de llegar a un punto de equilibrio que favorezca por igual al Estado y la comunidad, afirmó el abogado especialista en gestión pública, Víctor Hugo Quijada.

“Yo pienso que es una prueba de fuego para el gabinete Del Solar. E, inclusive, si esto se desborda, le podría costar. Estamos a una semana del voto de confianza. Por ende, el gobierno tiene que hilar fino y tiene que haber un diálogo sincero… para poder llegar a un punto de equilibrio entre lo que quiere la comunidad y lo que el Estado está buscando, que es la realización de las actividades extractivas”, subrayó.

Advirtió que resulta inconveniente un encaprichamiento de parte del Estado y la empresa minera y las comunidades campesinas, “y no le va a traer ningún redito político, social o económico a nadie”.

“Y ya no se puede levantar una prisión preventiva respecto a personas que están ligadas (a actividades ilegales). Es como ceder a una presión social, vulnerando el principio de legalidad, en el derecho penal”, aseveró.

En diálogo con Red de Comunicación Regional (RCR), Quijada manifestó también que el principal reto que tendrá que afrontar el gobierno es el de “recuperar la confianza” de las comunidades campesinas que interactúan con los proyectos mineros, a través de un buen equipo de mediadores que conozca nuestra realidad y atienda las reales necesidades de la población.

“Lamentablemente, tenemos un Estado apaga incendios, carente de un sistema de planificación. Pasó en Tía María, pasó en el ´baguazo´. Y si bien es cierto la ley es clara en la aplicación del principio de autoridad. Pero, a veces, reprimiendo al pueblo es la peor forma”, apuntó.

Conflicto entre dos concepciones de propiedad

En ese sentido, refirió que en el diferendo entre las comunidades campesinas y la mina Las Bambas existe un conflicto legal en el que si bien es cierto en la Constitución se establece que el Estado es propietario de los yacimientos, porque es patrimonio de la Nación, la Carta Magna indica un tratamiento especial para las comunidades indígenas, en el que se dice, incluso, que no se debería establecer la represión contra ellos.

“Yo me pongo del lado de los campesinos, porque el concepto de propiedad privada, como podemos tener cualquiera de nosotros en la gran ciudad, no es el mismo de ellos. Porque para nosotros el uso del territorio es nuestro derecho porque es del Estado y, por ende, a todos los peruanos. Pero eso, explicarle a un campesino, cuyo concepto de propiedad es de propiedad colectiva, donde en términos concretos es la tierra para quien la trabaja, hay un conflicto”, enfatizó.

En ese contexto, señaló que se ubican las personas que utilizan el estado de necesidad y la pobreza de comunidades campesinas; y la dejadez, el vacío de poder e incapacidad del Estado. ”Y allí vienen todos los problemas sociales que ya sabemos”, anotó.

El analista explicó que el problema de Fuerabamba puede ser enfocado desde tres puntos de vista: el económico, por los S/ 300 000 000 (trescientos millones de soles) diarios perdidos y la afectación a la economía nacional.

Agregó que a ello se aúna el tema político, en el que se conjugan una serie de intereses particulares y de lucro, dirigidos por los abogados de los comuneros y líderes zonales, en donde están tratando de chantajear o extorsionar la empresa, usando el tema social y la ignorancia de nuestras comunidades campesinas.

“Ante eso, lo que ha hecho el Estado es imponer el principio de autoridad, reflejado no en el gobierno, sino en el sistema de justicia, el Ministerio Público quien ha solicitado la detención de los abogados y del líder de la comunidad de Fuerabamba”, detalló.

Explicó asimismo que en este tema de la conflictividad social, el Estado peruano ha actuado con dejadez, por una falta de criterio de planificación en el sistema de gestión pública.

”Y el otro (asunto),  es una tema de presupuesto, porque hay un gasto ineficiente de dinero. Porque, ¿cómo es posible que habiendo pagado regalías y un adelanto del canon a los gobiernos regional y local, se haya devuelto el dinero y no haya reciprocidad (hacia los pueblos) respecto al gasto público”, se preguntó Quijada.

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