RCR, 19 de junio de 2025.- La directora de Videnza Escuela de Gestores, Paola Bustamante, informó que solo el 2% de inscritos al REINFO han logrado culminar el proceso de formalización a nivel nacional, incluso la falta de presencia del Estado ha originado desinformación a favor de algunos grupos autodenominados frentes de defensa que atacan a la minería formal, pero no se pronuncian de la minería ilegal.
“Hace años, el Perú enfrentaba un escenario de actividad minera artesanal y de pequeña escala sin mayores controles, fue recién en el año 2002 que se estableció un proceso formal para que los mineros artesanales y pequeños productores pudieran operar legalmente, desde entonces, todo aquel que no solicitaba autorización era considerado ilegal porque la legalidad depende del cumplimiento de requisitos establecidos por el Estado”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que la diferencia entre minería artesanal y pequeña minería se establece según el tamaño de la concesión y la capacidad de producción. Asimismo, mencionó que la minería artesanal solo puede producir hasta el 5% de la UIT por hectárea al año, mientras que la pequeña minería llega al 10%.
“La minería artesanal opera en concesiones de hasta 1.000 hectáreas y produce hasta 25 toneladas métricas por día, mientras que la pequeña minería abarca hasta 2.000 hectáreas y puede extraer hasta 350 toneladas diarias. Y la minería artesanal solo puede producir hasta el 5% de la UIT por hectárea al año, mientras que la pequeña minería llega al 10%. Sin embargo, en 2012 el Estado reconoció que muchos mineros no habían cumplido el proceso iniciado en 2002, por lo que creó una figura intermedia: la informalidad”, expresó.
Bustamante sostuvo que el registro de la Declaración de Compromiso para formalizarse, un intento de evitar que la ilegalidad creciera. Sin embargo, este mecanismo fue ampliado en 2015 y, con la llegada del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se instauró el REINFO, el cual permitió que alrededor de 90.000 mineros continuaran operando mientras tramitaban su formalización.
“A casi una década de su creación, los resultados son desalentadores. De esos 90 mil inscritos, apenas un 2% ha completado su proceso de formalización. Más aún, el 74% de los 82 mil mineros aún en el REINFO hoy se encuentran en condición de suspendidos, es decir, no han avanzado en su proceso, pero continúan operando. Esta figura de suspensión, creada en 2021, no implica la exclusión del registro, lo que ha generado vacíos que impiden fiscalizar efectivamente la actividad minera irregular”, anotó.
Enfatizó que, en regiones como Piura, el problema es especialmente crítico, ya que, de los 2.000 mineros inscritos, el 81% tiene su REINFO suspendido. Destacó que zonas como Ayabaca y Suyo concentran la mayoría de estos registros, mientras existe fuerte oposición social contra la minería formal, que cumple con regulaciones y puede generar desarrollo local, se tolera o ignora la expansión de la minería ilegal.
“En Piura se ha podido identificar que hay operaciones mineras que quieren iniciar procesos o están con proyectos formales y sostenibles, tienen mucha oposición pese a las oportunidades de empleo, canon minero, entre otros. Y es lamentable, porque han pasado décadas donde la minería ilegal se ha situado y nadie hace nada”, lamentó.
Mencionó que un caso emblemático fue la salida de la minera Manhattan en Piura, ya que se mostró las consecuencias de esta contradicción. “Tras su retiro, el vacío fue ocupado por operaciones ilegales. Entonces, esto plantea una pregunta urgente para la región y el país, y es qué tipo de minería queremos, porque la ilegalidad trae consigo explotación, trata de personas, daño ambiental y violencia”, señaló.
Al ser consultada respecto a la movilización de jóvenes en Tambogrande, exigiendo empleo formal y mejores oportunidades, destacó que se está demostrando una nueva generación dispuesta a rechazar la ilegalidad y exigir condiciones dignas de trabajo y vida. Pero para lograr un cambio real, se necesita voluntad política, coordinación institucional y un compromiso claro del Estado con la formalización minera.
“Creemos que sí es importante que los jóvenes alcen la voz, poniendo en agenda temas tan importantes como el empleo decente, seguro y formal, porque probablemente el ingresar a la minería ilegal podría ser rentable para algunos, pero es un delito y no permite el desarrollo de Piura”, subrayó.
Finalmente, remarcó que la minería ilegal no solo representa una amenaza para el medio ambiente, sino que además fomenta delitos conexos como la trata de personas, prostitución forzada y lavado de activos. “Mientras el REINFO siga siendo un salvoconducto para operar sin cumplir, y el Estado no logre fiscalizar efectivamente, seguiremos atrapado en una falsa dicotomía entre ilegalidad tolerada y formalidad atacada”, concluyó.
