RCR, 27 de mayo de 2025.- El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo denunció un presunto direccionamiento en el concurso para acceder a plazas del decreto legislativo 728, lo que perjudica al personal de la institución bajo el régimen del CAS, a pesar de que hay una norma que prioriza su incorporación.

Nelida Ramírez Gutiérrez, secretaria de Defensa del Sindicato, señaló que el objetivo sería favorecer a «determinadas personas» en la ocupación de dichos puestos. Explicó que una disposición de la Ley de Presupuesto autoriza a la Defensoría del Pueblo a incorporar 128 plazas al régimen del DL. 728. Esta norma establece específicamente que las plazas «podrán ser cubiertas por el personal calificado con mayor antigüedad y experiencia en la institución».

Indicó que el sindicato no busca que los trabajadores se beneficien solo por su antigüedad, pero sí demandan un concurso «equitativo» que considere el tiempo de servicio y la calificación, tal como lo estipula la norma que, en su opinión, «ampara» la posición del sindicato.

Según la denuncia, se han implementado medidas para «crear las condiciones» y facilitar el ingreso de personas «que no pertenecen o no tienen experiencia de trabajo en la institución». Esto se habría logrado mediante la modificación de normas internas, incluyendo cambios en la conformación del comité de selección y del comité de entrevista.

La representante sindical indicó que las presuntas irregularidades se manifestarían en los resultados del proceso de selección, que consta de examen escrito, evaluación curricular y entrevista personal. Detalló que se han observado «casos muy puntuales» donde colegas con años en la institución obtienen notas altas (hasta 20) en el examen escrito pero consiguen bajas calificaciones en la entrevista personal.

En contraste, señaló que «personas extrañas a la Defensoría o que son gente nueva», con «notas muy bajas» en el examen escrito, son luego «aprobados hasta con 20 en la entrevista personal». Para el sindicato, estas situaciones generan «mucha suspicacia» y confirman que el manejo de personal es «equivocado en nuestra opinión».

Nélida Ramírez también señaló que un problema que enfrenta la institución es el «hacinamiento total» en la sede central, situación que ha llevado al gremio a solicitar una inspección técnica de Defensa Civil a la Municipalidad de Lima, ante el riesgo de que el edificio «pueda incluso colapsar» debido a la sobreocupación.