RCR, 06 de Marzo 2021 .- Si se demuestra que la vacuna de Sinopharm tiene baja efectividad contra el COVID-19, sería una catástrofe nacional, porque el personal de salud de primera línea supuestamente vacunado seguiría estando en peligro de enfermarse, contagiar y morir por el virus y sus variantes, sostuvo Herbert Cuba García, especialista en políticas de salud pública y columnista del portal de opinión “El Montonero”.
“Si fuera cierto lo que dice Beto Ortiz en su programa sería una catástrofe nacional. Imagínese cuantos médicos y trabajadores de salud que se han vacunado en qué situación quedarían. Ahí se requiere ahora que el Gobierno establezca tomar pruebas de anticuerpos a los vacunados, en forma aleatoria, para observar la eficacia de esa vacuna”, remarcó el galeno a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que el gobierno de Sagasti debe dar señales claras para salir de esta crisis. “Si no lo hace va a arrastrar al Gobierno, porque la gente está enardecida ante tanto escándalo tras escándalo. El presidente Sagasti no hace cirugía, ha hecho una comisión investigadora que al final no ha investigado nada porque solo ha tocado al Minsa. Los mismos funcionarios están en sus cargos, este es el problema de fondo que el Gobierno debe encarar. Ahora hay una junta de portavoces en el Congreso, porque esto no se puede quedar así”, dijo.
“Tiene que haber una auditoria sumaria. Se debe invitar a investigadores internacionales para que vengan al Perú y nos hagan un informe detallado de cómo ha sido ese ensayo clínico. Este ensayo clínico no va a tener interés para nadie, ni para el gobierno chino, ni para el gobierno peruano, solo para los ciudadanos peruanos que se van a vacunar. El daño que se le ha hecho a la investigación científica del Perú es un daño irreparable”, indicó
Recalcó que se tiene que hacer una auditoria internacional del ensayo clínico, porque ya no hay credibilidad en los funcionarios peruanos. “Se tiene que solicitar a los que han hecho los ensayos que evacuen su informe final y se corrobore con el informe presentado por la prensa. En tercer lugar, el Gobierno tiene que hacer una prueba masiva al personal de salud vacunado para demostrar que tienen anticuerpos neutralizantes y hay eficacia en la vacunación. Los trabajadores de salud deben guardar todos los protocolos porque están como no vacunados y el Gobierno tiene que avanzar las negociaciones con otras empresas”, afirmó.
“Desde inicios del estudio clínico, al tratar de introducir esas vacunas adicionales para la élite gubernamental, ya el ensayo clínico estaba viciado de por sí. Con respecto a los resultados que ha ofrecido Beto Ortiz, cualquier cosa que diga la Universidad Cayetano Heredia como el Gobierno va a tener poca credibilidad. Ese ensayo clínico debería tener una auditoria internacional, porque era complicado que introduzcas ese aspecto. La denuncia de Beto Ortiz sería grave en caso que eso fuera cierto”, subrayó.
Explicó que cuando hay un ensayo clínico tiene que haber un informe final y ese ensayo todavía no ha concluido. “Todo parece indicar que la apreciación de la eficacia a nivel internacional es de alrededor del 79 a 86%. Sin embargo, ya está la denuncia y tiene que ser respondida por el Gobierno. El daño está hecho desde que aparecieron las vacunas clandestinas de los altos funcionarios y en ese momento se debió solicitar la autoridad internacional. No podemos creer al Instituto Nacional de Salud, que no fiscalizó adecuadamente el protocolo al inicio”, enfatizó.
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