Marco Tulio Gutiérrez, presidente del Instituto Peruano  de  Administración  Municipal y experto en Derecho Municipal y Gobiernos Locales, podrían ser denunciados por el delito de omisión de cumplimiento de funciones.

Los consejeros del Gobierno Regional de Puno, que acepten la licencia solicitada por el gobernador Walter Aduviri y no sancionen su vacancia por afrontar una condena judicial, podrían ser denunciados por el delito de omisión de cumplimiento de funciones, sostuvo Marco Tulio Gutiérrez, presidente del Instituto Peruano  de  Administración  Municipal y experto en Derecho Municipal y Gobiernos Locales.

“Esa licencia sería una decisión ilegal, porque la ley está para ser cumplida. En este caso, la ley señala que Aduviri debe ser vacado porque ha sido sentenciado a 6 años de prisión efectiva, y al pago de 2 millones de soles de reparación civil por el ‘Aymarazo’. Los señores consejeros, que aprueben esa licencia, se exponen a que sean denunciados por omisión de cumplimiento de  funciones”, aseguró en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

Recalcó que “las causales de vacancia están establecidas y no están sujetas a interpretación. El caso de una suspensión sí es diferente, porque en este caso se discute si la causal es legítima o no. En este caso, cuando es un mandato judicial, este tiene que cumplirse”.

“Ahora se trata de dar cumplimiento a esta sentencia del poder judicial, lo cual va a implicar que una vez notificado el Consejo Regional, este organismo debe convocar a una sesión para aprobar la vacancia, por una de las causales de vacancia que es la condena por delito doloso, y en este caso eso es lo que ha ocurrido”, remarcó.

El experto en Derecho Municipal precisó que corresponde al vicegobernador Agustín Luque Chaiña reemplazar interinamente a Aduviri, porque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido que no es necesario que haya una reunión del consejo regional para que asuma el despacho de la presidencia del Gobierno Regional de Puno.

Detalló que “cuando se presenta una situación de impedimento como es el caso de una sentencia o de fuga, el vicegobernador debe asumir el despacho de la presidencia y efectuar las acciones administrativas que corresponde. Eso no quita que el consejo tiene que tomar el acuerdo, porque quién aprueba la vacancia es el consejo regional”.

Pago de reparación civil

Respecto al pago de la reparación civil impuesta al gobernador regional de Puno, Gutiérrez explicó que la Constitución consagra que no hay prisión por deuda (excepto en el caso de quienes no pasan alimentos) y precisó que la reparación es una deuda para pagarle al Estado o a los familiares de víctimas.

“Esta situación hace que los sentenciados cumplan sus condenas de prisión efectiva y salgan sin pagar sus reparaciones. Esta es una deficiencia que debe resolverse en las próximas modificaciones que se realicen a la Constitución. Yo soy partidario de que el que no paga la reparación civil tiene que quedarse en la cárcel. Mientras la Constitución diga que no hay prisión por deuda, tendremos el extraño caso en que las reparaciones civiles se paguen a voluntad de los sentenciados”, manifestó.

El también presidente del Instituto Peruano de Administración Municipal consideró que el sistema de contrataciones en los consejos regionales no funciona, debido a que están a cargo de los funcionarios de confianza de las autoridades. “Eso establece la influencia nefasta de la colusión para que las adjudicaciones se otorguen a favor de los amigos del gobernador o el alcalde”, comentó.

También lamentó que la mayoría de gobernadores regionales y alcaldes no tengan capacidad de gestión. Apuntó que “las autoridades elegidas están en la obligación de ejecutar presupuestos aprobados por el Estado. Sin embargo, no existe capacidad de gestión. Eso se advierte en la rotación constante del personal. Si uno ve que un gobierno regional o una municipalidad han tenido tres gerentes y siguen cambiando, eso significa que el gobernador o el alcalde escogieron mal”.

En ese sentido, mencionó que a la Contraloría le ha faltado mano dura para denunciar a estas autoridades por omisión de cumplimento de funciones al no designar a funcionarios de acuerdo a los perfiles requeridos. “Ese es el problema, cuando la Contraloría no actúa con mano firme. La Contraloría le haría un gran favor a la ciudadanía al separar de la administración pública a las personas ineficientes”, finalizó.

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