Alfonso García Miró, expresidente de la Confederación Nacional de  Instituciones Empresariales (Confiep), lamenta que el Gobierno pacte con personas que han perpetrado actos de violencia y agresiones a policías.

Con la suspensión del proyecto minero Tía María se perderán aproximadamente 10 mil puestos de trabajo en Arequipa y la posibilidad de que el Perú mantenga su crecimiento económico, sostuvo Alfonso García Miró, expresidente de la Confederación Nacional de  Instituciones Empresariales (Confiep), en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

“Arequipa se va a haber afectada económicamente, porque se iban a crear 10 mil puestos de trabajo al iniciarse la construcción de Tía María. Son 10 mil familias arequipeñas que van a seguir pobres en vez de tener un ingreso digno y estable. También se han perdido 2000 empleos permanentes. Estos pobres van a tener que esperar que venga un Gobierno que tenga la capacidad de encaminar este proyecto haciendo que se cumpla la ley y el orden público”, remarcó.

En ese sentido, García Miró insistió en que el progreso y bienestar en la región de Arequipa y la provincia de Islay se está perdiendo. “Muchas personas, que pudieron haber salido de la pobreza con un proyecto de esta magnitud, van a permanecer en la pobreza durante mucho tiempo si esto se pierde”, dijo.

“La suspensión de Tía María nos retrasa tres años de crecimiento y nos estanca en un 2% de crecimiento que es un atontamiento de la economía. Comenzamos el año con una expectativa de crecimiento del 4% del PBI y ahora estamos estancados como consecuencia de un Gobierno con faltas de iniciativa y sin proyectos al frente”, recalcó.

Recalcó que el Gobierno al suspender las iniciativas de inversión da unas señales de incertidumbre que retraen las inversiones. “Vamos a tener que esperar los mejores años de crecimiento. Esos nos atonta económicamente hablando”, dijo.

Gobierno equivocado

Respecto a los audios en los que se escucha al presidente Martín Vizcarra aceptar los pedidos de las autoridades de Arequipa para suspender Tía María, García Miró indicó que “son la materialización de la manera equivocada en que el Gobierno tiene respecto a un proyecto de desarrollo minero que cumple con todas las normas y sobre todo la certificación de impedir el daño ambiental”.

“Este estudio de impacto ambiental ha demorado años en obtenerse y ha pasado por todas las instancias y autoridades supervisoras, y cumple con la normativa nacional e internacional. También ha cumplido con presentar las condiciones necesarias para la construcción. Estas dos condiciones han sido cumplidas con muchos años ahora perdidos para demostrar que cuenta con las condiciones para implementarse”, explicó.

Pacto con violentistas

El expresidente de la Confiep lamentó que el Gobierno pacte con personas que han perpetrado actos de violencia y agresiones a policías. “El Gobierno ha retrocedido ante personas que incumplen la ley y tiran piedras para que los policías disparen con el fin de que haya un muerto y de esa manera suspender un proyecto de inversión”, dijo.

“Esas personas que atacan a los policías en cualquier otro país están presas. En un país civilizado pena con decenas de años a cualquier persona que intenta agredir a una autoridad. Aquí no pasa eso, por el contrario lo sientan a una mesa a negociar y pactan cancelar un proyecto para beneficio de los intereses de las dos partes, de uno por gobernar y del otro para mantener a la población permanentemente pobre respecto a la cual seguir haciendo su clientela política”, comentó.

Consideró que “el Gobierno ha tomado en cuenta el levantamiento de agentes ideológicos que siempre aprovechan la violencia para forzar su propia presencia y hacer una campaña política permanente. Eso es una manera con la que un grupo de políticos considera la manera más sencilla y exitosa para sus propios intereses políticos de mantener permanentemente en la pobreza a las poblaciones y de eso hacer su propio negocio político”.

Perú da mal ejemplo

García Miró advirtió que el Perú en los últimos años está dando un mal ejemplo de no cumplir con sus compromisos. “Esta situación no nos hacen bien en cuanto a cumplimiento de las reglas de juegos y de nuestras obligaciones contractuales, así como de dar un ejemplo de Estado de Derecho. No es la manera de resolver los problemas de una empresa con el Estado. Eso es un mal ejemplo”, dijo.

Expresó su fe de que vengan mejores momentos del Perú con la reactivación de varios proyectos de inversión que se encuentran en compás de espera. “No nos asusta nada, hemos pasado por los peores años de la historia republicana, cuando hemos tenido que ir a la universidad entre bombas y asesinato de los terroristas y de la hiperinflación. Espero que esto sea una transición lamentable y de pronto tengamos un Gobierno que gobierne como corresponde”, indicó.

Remarcó que los inversionistas peruanos defienden la prosperidad, así como la mejora de la educación y de la calidad de vida. “Los proyectos mineros legales cumplen con las normas ambientales y benefician a las poblaciones aledañas, además de incrementar el ingreso permanente de las personas que trabajan directa o indirectamente en un proyecto de esta magnitud y las mejoras en infraestructura que se generan con los ingresos del canon. Eso está escrito en la historia del Perú”, anotó.

“Fácilmente se pueden analizar el impacto positivo de los proyectos mineros que cumplen con todas las condiciones medioambientales de no hacer daño al medio ambiente. Salvo el caso de la minería ilegal e informal (que es altamente contaminante, destruye y es polo de violencia), todos los casos de minería de los últimos años demuestran el bienestar y el incremento del ingreso de las poblaciones que los rodean”, puntualizó.

Escuchar Entrevista