RCR, 17 de junio del 2016.- El ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Marcos Ibazeta, se mostró de acuerdo con las sanciones que la autoridad judicial aplica a los responsables de los delitos cometidos contra la propiedad pública y privada, así como contra la integridad física de personas durante las protestas y movilizaciones sociales violentas que se cometen en diversas regiones y zonas de influencia de proyectos de inversión. “Hemos estado acostumbrándolos a mal. Hay derecho a la protesta, pero nadie tiene derecho a cometer delitos”, precisó.
El también ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, sostuvo, en declaraciones a la plataforma informativa Red de Comunicación Regional (RCR), que aquellos que agreden e incluso causan la muerte de policías y gente inocente, queman locales y bienes públicos y privados no pueden ni deben quedar impunes. Tampoco se pude confundir el derecho a la protesta y exigencia de derechos con actos delictivos y bien hacen las autoridades en aplicar las más severas penas que establece en ordenamiento legal.
Desde ese punto de vista, Ibazeta cuestionó que organizaciones como la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP – esté convocando a un paro de 24 horas en las regiones de Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco, para exigir que el Poder Judicial de marcha atrás en su decisión de revocar la resolución de pena de cárcel suspendida y dictar prisión efectiva para cinco dirigentes, entre ellos el ex alcalde distrital de Dean Valdivia, Jaime de la Cruz y el representante del Movimiento Tierra y Libertad, Pepe Julio Gutiérrez, hoy preso acusado de extorsión a la empresa Southern Perú, por actos delictivos durante una protesta contra el proyecto Tía María, en el 2010.
Los peruanos tenemos que tomar conciencia que existe una estrategia de legitimización de métodos violentos y extorsivos de grupos de izquierda para conducirnos a una situación de inestabilidad política y social cuyo objetivo es la captura del poder, indicó el jurista. Penalizar y sancionar delitos cometidos por quienes se escudan en la protesta social, no es criminalizar la protesta ni violar derechos humanos, es más bien, defender a la sociedad y restablecer el principio de autoridad, tan venida a menos en este período gubernamental que culmina el próximo mes, sostuvo.
Estamos ante una avanzada política e ideológica que busca, a través de movilizaciones violentas, ataques sistemáticos a los proyectos de inversión, la parálisis del Estado, dijo. Ibazeta Marino, manifestó que es preciso averiguar y alertar a la población sobre el propósito real, por ejemplo, de aquellas organizaciones u ONG’s que trabajan a tiempo completo para apoyar estrategias de búsqueda de poder, bajo la justificación de proteger los derechos humanos o el medio ambiente.
“Estamos, poco a poco, cediendo ante esta izquierda que quiere paralizar al país, que quiere cambiar la Constitución, que quiere paralizar las inversiones, que apuestan por un estatismo que tiene otra ideología, pero que poco a poco están llegando a niveles de poder, que se están haciendo elegir, en diversos estamentos del Estado”, precisó.
Resaltó, así mismo, que nadie está en contra de respaldar políticas a favor de los derechos ciudadanos o de proteger el aprovechamiento adecuado de nuestros recursos y la conservación de un medio ambiente sano, pero siempre y cuando haya transparencia y no manipulación para orientar la opinión de los pobladores.
Ibazeta, señaló que hace días fue informado que se viene preparando una movilización en el Sur y específicamente en la zona del proyecto Las Bambas, con la finalidad de afectar su operación y que detrás de ésta estaban algunas ONGs, que incluso actúan con una cara supuestamente dialogante, pero que por otro lado instigan a la generación de actos, que por lo general terminan en situaciones violentas y afectando la propiedad pública y privada y los derechos de ciudadanos que en su mayoría no están de acuerdos con este tipo de acciones.
