RCR, 20 de Enero 2026.- Tras las reuniones del presidente José Jerí con empresarios chinos, el abogado penalista, Javier Aguirre, señaló que los hechos conocidos en los últimos días no solo tienen repercusiones políticas, sino también posibles consecuencias penales que deberán ser esclarecidas por la Fiscalía. Agregó que, de confirmarse los indicios, las investigaciones podrían extenderse y derivar en una acusación fiscal una vez finalizada la gestión presidencial.
“Existen al menos dos situaciones que han llamado la atención de la opinión pública y de las autoridades, la primera corresponde a las visitas del mandatario a locales comerciales de un empresario chino, y la segunda, que es considerada más grave, involucra a otro ciudadano chino que habría acudido hasta en tres oportunidades al despacho presidencial pese a encontrarse cumpliendo arresto domiciliario por procesos penales en curso”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Sostuvo que, estos hechos han motivado que la Fiscalía inicie diligencias preliminares por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias. En ese sentido, precisó que se investiga si el presidente habría utilizado su cargo para interceder en favor de intereses particulares, ya sea frente a autoridades administrativas o en procesos judiciales que involucran a los empresarios extranjeros.
“Debido a la prerrogativa constitucional del cargo, el Ministerio Público solo puede realizar actos específicos mientras el presidente se mantenga en funciones. Entre ellos, solicitar declaraciones, requerir documentos, revisar agendas oficiales y recabar información relevante sobre las reuniones sostenidas, entonces la investigación se mantendrá en esta etapa preliminar hasta que concluya el mandato presidencial”, afirmó.
Aguirre advirtió que, de confirmarse los indicios, las investigaciones podrían extenderse varios años y derivar en una acusación fiscal una vez finalizada la gestión presidencial. Asimismo, recordó que el delito de patrocinio ilegal contempla penas menores, mientras que el tráfico de influencias podría implicar condenas de entre cuatro y ocho años de prisión. “Todo esto sin descartar que surjan otros delitos conexos conforme avancen las indagaciones”, enfatizó.
Manifestó que el presidente está obligado a brindar explicaciones claras y transparentes ante el Congreso y la ciudadanía, y que más allá del desenlace legal, este caso ya ha generado un impacto político significativo. “Recordemos que la transparencia debe ser un principio esencial en el ejercicio de la Presidencia de la República, especialmente en investigaciones de esta magnitud”, anotó.
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