RELAJAR NORMAS EN OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN PODRÍA OCASIONAR MAYORES PROBLEMAS AFIRMA JAIME TÁVARA

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Secretario técnico de la comisión anticorrupción de Piura  sostiene que los procesos demoran por fallas o incompetencia de los Comités de Selección 

RCR, 15 de noviembre 2015.- La propuesta del nuevo director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Edgar Quispe, referida a modificar las normas y procedimientos en las licitaciones –por emergencia-, con el objetivo de acortar los plazos para, presuntamente, agilizar los procesos de ejecución de obras, no es la solución y, por el contrario podría ocasionar mayores problemas, enfatizó Jaime Távara Alvarado, secretario técnico de la Comisión Anticorrupción del gobierno regional de Piura.

“Relajar las normas de contratación o acortarlas, o poner menos candados no es el tema. Las trabas van por otro lado, específicamente, por las personas encargadas de ejecutar los procedimientos”, indicó.

Precisó que, de acuerdo a la experiencia y las observaciones presentadas en los primeros concursos públicos que tuvieron problemas en la adjudicación, los procesos fallaron por errores de los propios funcionarios que han tenido a cargo los Comités de Selección de las licitaciones simplificadas.

“Ello se ha verificado tanto a nivel de Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Piura, y por parte de AgroRural. Los procesos no se han anulado o demorado por cuestión de plazos o por lo que dicen las normas, sino a causa de errores en los procedimientos cometidos por las personas que estuvieron a cargo de ellos”, reveló.

El funcionario añadió que en el caso de AgroRural, los errores que salieron a la luz y los riesgos que la propia Contraloría General de la República detectó en su momento, no tuvieron que ver con lo que decía la norma, sino por la aplicación de esta.

“En ese caso puntual, se constató que no existen contratos de supervisión en las obras de descolmatación del río Piura que está a cargo de la institución AgroRural. Eso ya lo habíamos denunciado en la Comisión y ahora que se ha constituido una veeduría ciudadana en los tramos 3, 4 y 5 en la descolmatación del río Piura, se comprobó la infracción. Solo hay inspectores, no hay empresas supervisoras como exige la ley de contratación de obras públicas y su reglamento cuando el contrato supera un monto de 4.3 millones soles”, explicó.

Távara arremetió contra la propuesta del director de la ARCC, señalando que tampoco sería nada positivo que se obvie o deje de lado la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), como ko ha sugerido. “Estos informes son esenciales porque se analiza y establece todos los   componentes  que forman parte de los proyectos. Es más, en estos meses ya se han producido problemas por esta situación. Aquí lo que se requiere es mayor control de los órganos fiscalizadores”, afirmó.

Detalló que la Contraloría ha señalado en sus informes que los errores se derivan de la no aplicación o incumplimiento de algunas normas señaladas en las leyes, específicamente en lo que respecta a la supervisión que requieren las obras, que la ley de contrataciones obliga y la entidad responsable no lo toma en cuenta

Ello, dijo, puede acarrear graves problemas, pues existe el riesgo que los contratistas podrían, en cualquier momento, exigir la resolución de los contratos por incumplimiento de parte de la entidad, e incluso abandonar las obras y reclamar indemnizaciones por daños  y perjuicios.

“Ese es un riego verdadero, a ello debería abocarse la ARCC. No se ha dicho nada sobre como afrontar este problema. Nosotros, por encargo de la Comisión regional anticorrupción de  Piura, hemos iniciado veedurias con jóvenes universitarios que están cumpliendo el papel de verificar estas obras, como la descolmatación del río Piura, y otros procesos a nivel regional”, sostuvo Távara.

Agregó que, ante la escasez de recursos, esta participación en el monitoreo de los proyectos se está dando a través de un voluntariado de jóvenes del último ciclo y algunos egresados de ingeniería civil  de las universidades de la región, empezando con 15 personas a quienes se les brinda equipo de protección personal y seguridad, y un monto diario para movilidad.