Reforma laboral, ¿solo debe abarcar la CTS? ¿Y los trabajadores fuera de planilla?

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Desde hace unas semanas se discute la viabilidad o no de la propuesta de PPK para crear un seguro de desempleo en reemplazo de la CTS. Pero ¿se han planteado reformas para el 70% de la PEA que aún es informal o para los empleados públicos?

El discurso de los candidatos en materia laboral pareciera estar orientado a la quinta parte de los trabajadores: aquellos incluidos en planilla y que laboran en empresas formales, que no son más de tres millones 200 mil peruanos. Entonces, surge la incógnita, ¿qué reformas son necesarias para implementar beneficios en favor de todos los peruanos?

Para el laboralista Jorge Toyama, lo primero es identificar a los cuatro grupos de trabajadores en el sistema laboral. El primero es el personal del Estado, que requiere que las contrataciones y ascensos respondan a la meritocracia.

“Las reformas en este grupo deben girar en torno a la permanencia del Servicio Civil, que tiene como eje central la meritocracia, y a que se cumpla con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional (TC) hacia la regulación de la negociación colectiva. No es posible que este derecho este negado en el sector público”, precisó.

El segundo grupo son los asalariados de las microempresas que laboran bajo el manto de la informalidad. “Aquí no se aplica ni el seguro de desempleo, ni la CTS, ni mucho menos las AFP. ¿Qué hace el Gobierno para formalizarlos? El actual no ha hecho mucho y las reformas que han habido no han servido para formalizarlos”, aseveró.

Toyana opinó que las reformas en este grupo deben estar centradas en generar incentivos adecuados para la formalización. Mencionó, como ejemplo, promover la participación de microempresas formales en las licitaciones del Estado, o que otorgue facilidades tributarias, laborales, financieras y apoyo técnico a las que tienen a sus trabajadores en planilla.

Indicó que el tercer grupo son los trabajadores independientes, aquellos con trabajo freelance, técnicos, taxistas, vendedores, entre otros. Para Toyama, este segmento requiere de un servicio social y pensionario como ocurre en otras partes del mundo.

“El nuevo gobierno debería promover una ley de seguridad social para independientes, así como una serie de derechos que tampoco poseen. En otros países, por ejemplo, si el 80% de tus ingresos es de un solo empleador, siendo independiente, tienes el derecho de decirle que te guarde el contrato de servicios cuando te vas de vacaciones”, afirmó.

El último grupo, precisó, lo conforman los trabajadores de las medianas y grandes empresas, que tienen todos los derechos laborales que indica la ley.

“Se requiere de una reforma integral y diferenciada dependiendo de la categoría o grupo que pertenece cada trabajador ya que cada una tiene características distintas. Lamentablemente, el debate (político) se está dirigiendo hacia los (trabajadores) más formales del Perú”, remarcó el especialista.

Respecto al proyecto de la Ley General de Trabajo, que se discute desde hace 15 años en el Parlamento,Toyama consideró que esta norma no debe ser prioritaria en la reforma integral por dos razones: se aplica a los trabajadores de la mediana y gran empresa, es decir, no incluye a los trabajadores de la microempresa, del sector público ni a los independientes, y tampoco estimula la llegada de la inversión privada.

“Mi posición es que (la Ley General de Trabajo) va a limitar la inversión privada. Somos el octavo país más rígido en contratación y despido y está (norma) nos convertiría en el tercer o cuarto país más rígido del mundo. Se debería promover un nuevo proyecto, que se aplique para todos los trabajadores y favorezca a la inversión privada. Lamentablemente en temas laborales, Colombia y Chile son más flexibles que Perú”, subrayó.

En cambio, para el abogado Ricardo Herrera la reforma laboral debe contener cinco puntos básicos: el primero, que el nuevo Parlamento cumpla con lo establecido por el TC el año pasado y regule el derecho de negociación colectiva en beneficio de los empleados públicos.

El segundo, que el Congreso promulgue la nueva Ley General de Trabajo encarpetada desde el 2001 en el legislativo, cuyo texto tiene un consenso de 90%, dado que el Perú cuenta con una ley laboral dispersa.

La tercera, promover la regulación de un régimen especial para las pequeñas y micro empresas, ya que no es suficiente la que existe para fomentar su formalización.

La cuarta, impulsar una ley de empleo juvenil adecuada dado la alta tasa de desempleo en jóvenes de 18 a 24 años de edad, que dobla la tasa de empleo formal, fomentando estímulos tributarios para las empresas que los contraten y la quinta, estimular la reducción de los altos costos laborales.

Reátegui: Ley General de Trabajo debe ser debatido por el próximo Congreso

El congresista Rolando Reátegui, presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, declaró a Gestión.pe que hay “muchos proyectos legislativos que quedan pendientes por ser debatidos en la Comisión ya que están a la espera de la opinión de los diferentes ministerios”.

Aseguró que algunos se debatirán en los tres meses que faltan para que cese este Congreso, pero remarcó que para su aprobación “se necesita de quórum”. “Es nuestro interés, pero en ocasiones no hay forma en que todos se reúnan”.

Respecto a la Ley General de Trabajo, consideró que está todavía requiere de un mayor consenso y discusión “pero no creo que nos dé el tiempo para aprobarla, porque implica una nueva reforma”.

Fuente: Gestión

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