Recuerdan que Código Penal sanciona con cárcel a aquellos que bloquean vías públicas

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Jurista Mario Amoretti critica a funcionarios públicos porque cometen delito por omisión de denuncia a favor de infractores.

RCR, 12 de octubre de 2016.- El pasado lunes unos individuos abrieron zanjas y trochas para bloquear las vías de acceso y así impedir el libre tránsito en la comunidad de Choquecca, en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, Apurímac. Este delito, como tantos otros del mismo tipo, quedó en la más absoluta impunidad no obstante que la ley es taxativa al respecto.

En diálogo con RCR, Red de Comunicación Regional, el jurista Mario Amoretti, dijo que este delito -que es cometido de manera recurrente- según el Código Penal merece una pena no menor de seis años ni mayor de ocho, sin embargo, las autoridades políticas, funcionarios y servidores públicos generalmente cometen el delito de omisión de denuncia para favorecer a los perpetradores.

Explicó, que esto sucede porque generalmente el bloqueo de vías públicas se genera durante paros y movilizaciones en determinadas localidades, hechos que no son previstos por las autoridades políticas y cuando estas se desatan, se ven obligadas a dialogar y negociar y, en ese marco, los manifestantes levantan las medidas de fuerza pero arrancan a las autoridades el compromiso de que no serán denunciados por el delito de cometieron.

Señaló que la ley faculta detener a todos los que bloquean una vía pública, así sea un nutrido grupo, porque están en flagrante delito, pero lamentablemente nunca se detiene ni denuncia a los ejecutores materiales y mucho menos a los autores intelectuales.

También recordó que el Código Penal precisa que el cobro indebido para el pase de ciudadanos en una vía pública (fenómeno recurrente durante paros y protestas) es un delito de extorsión y es pasible a una pena de cárcel no menor de diez años ni mayor de quince.

El ex decano del Colegio de Abogados de Lima finalmente sostuvo que los peruanos nos hemos acostumbrado a ver cómo se perpetran delitos y posteriormente cómo funcionarios y servidores públicos dialogan con los delincuentes, fenómeno inaudito que sólo sucede en nuestro país.