Constitucionalista, Raúl Ferrero Costa, advirtió también que la posible disolución del actual Parlamento, como consecuencia de la denegatoria de la segunda cuestión de confianza presentada por el presente gobierno, podría generar una crisis de alcances económicos.
RCR, 31 de mayo 2019.- El Poder Ejecutivo está facultado para disolver el Parlamento si este Poder del Estado vulnerase la esencia de los cinco proyectos de ley presentados en la cuestión de confianza sobre las políticas de Estado de Fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción, afirmó el constitucionalista, Raúl Ferrero Costa.
“En ese caso, si (el Poder Ejecutivo) no está de acuerdo con las modificaciones (del Parlamento), y como ya ha hecho confianza de estos proyectos que reflejan, en realidad, las políticas de Estado que se quieren implementar, si la confianza es denegada –y se daría por denegada si cambian en lo fundamental los proyectos-. En cuyo caso, el presidente de la República estaría facultado para disolver el Congreso, y organizar elecciones para que los nuevos congresistas cumplan el periodo que resta, de un año y medio, y la estructura del Estado no sufra”, subrayó.
El exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL) precisó que cuando el Poder Ejecutivo señala al Parlamento que la aprobación legislativa de los proyectos de reforma debe hacerse sin vulnerar la esencia de estos, está diciendo que si bien puede haber modificaciones en las propuestas presentadas, éstas no pueden desnaturalizar los principios que están contenidos.
En todo caso, consideró posible llegar a un nivel de entendimiento sobre los proyectos de reforma política y de lucha contra la corrupción, si es que hay buena y fe y espíritu de colaboración.
“Esta es una buena ocasión para hacerlo, demostrando la buena voluntad del Congreso que hasta ahora ha sido un poco renuente con las propuestas que ha presentado el Ejecutivo. Y esto nos permita llegar a acuerdos que no haga necesaria ninguna disrupción entro de lo que es la política actual y que permita mantener este Congreso hasta que termine (su periodo)”, anotó.
En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Ferrero advirtió también que la posible disolución del actual Parlamento, como consecuencia de la denegatoria de la segunda cuestión de confianza presentada por el presente gobierno, podría generar una crisis de alcances económicos que perjudique más a la población, y que –anotó- “sería muy mala” para el manejo democrático, el manejo empresarial, el manejo de las inversiones y el trabajo que realizamos todos en nuestra vida diaria.
“(Esta crisis) impacta, desgraciadamente. Se han restringido un poco las inversiones, en estos últimos tiempos, ante este enfrentamiento entre el Congreso y Ejecutivo. Han sido elegido y, de acuerdo a nuestra misma Constitución, la idea es que trabajen juntos. Uno legisla y el otro ejecuta”, puntualizó.
En relación a la propuesta del gobierno para que la inmunidad parlamentaria sea definida, en última instancia, por el Poder Judicial, dijo que es un tema “muy discutible” que va a obligar a un acuerdo transaccional entre las bancadas legislativas y el Poder Ejecutivo.
“Porque al Ejecutivo no le falta razón cuando dice que cuando se presenta una acusación contra un parlamentario, se procesa con muchísima lentitud… Las experiencias que se han tenido, en estos tres años, no han sido buenas. En estos años se ha visto todos los problemas para levantarle la inmunidad al congresista (Edwin) Donayre, por la forma cómo internamente demoró el tema en exceso el Congreso”, apuntó.
En otro momento, Ferrero desvirtuó el falso argumento de que la presente cuestión de confianza sería la primera presentada por el gobierno, desde el momento en que la administración del presidente, Martín Vizcarra forma parte de una continuidad gubernamental que se inicia con la gestión anterior de su antecesor, el expresidente, Pedro Pablo Kuczynski.
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