RCR, 7 de marzo de 2020.- Cecilia Ruiz, experta en temas de contrataciones con el Estado y procesos de selección e inversión pública, señaló que el actual ministro de Transportes, Carlos Lozada, sí cometió varios vicios al otorgar la buena pro a la empresa española Constructora San José para el mejoramiento de la carretera Checca – Mazocruz, en Puno, cuando se desempeñaba como director ejecutivo de Provías Nacional.
“Acá hay una sucesión de vicios que se ha ido originando de manera progresiva. Se ha originado el vicio principal en el proceso de selección y en la suscripción del contrato por haber infraccionado requisitos fundamentales como no tener un RUC de identificación, una cuenta interbancaria y un código Swift, que son los elementos necesarios para el Sistema Integrado de Administración Financiera (Siaf) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, aseveró la especialista.
Explicó que “el Siaf del MEF es para justamente hacer el control efectivo y eficaz de los recursos del país y pagarle a las personas jurídicas correctas pero en este caso hay prácticamente una distorsión, porque hay errores por todos lados”. “Hay una matriz y una sucursal (Constructora San José) que no cumplen las condiciones de las bases y la normatividad”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
“Esta sucursal (Constructora San José) ejecutaba la obra, hablamos en pasado, porque ya se resolvió el contrato. Ahora estamos ante una situación jurídica diferente en la que la empresa matriz española, que firmó el contrato sin las correctas especificaciones, pretende demandar al Estado peruano por incumplimiento”, indicó.
Ruiz subrayó que “la ley explica muy bien que cuando un postor no cumple los requisitos para la firma del contrato pierde la buena pro”. “Lo que debió haber pasado acá es que nunca debieron haber suscrito el contrato”, afirmó.
“La empresa denunciante hizo llegar todas las denuncias pertinentes, no solamente al director ejecutivo, sino al viceministro de entonces y al ministro de entonces. Esta empresa no solamente hizo un pedido a la misma gestión, hizo tres pedidos a la misma gestión y a las gestiones sucesivas que se han ido cambiando, pero ninguna gestión ha tomado la decisión de anular el contrato que era el pedido reiterado de la empresa denunciante”, precisó.
Comentó que “para enmendar esta situación era contestar debidamente los pedidos de la empresa porque evidentemente corresponde declarar la nulidad del contrato”. “La situación jurídica ha cambiado porque después de un año los funcionarios del MTC resolvieron el contrato por incumplimiento, que quiere decir que han consentido todas aquellas cosas que se produjeron durante el proceso de selección y la firma del contrato. Esta es la materia por la cual el Ministerio Público ha decidido abrir la denuncia”, detalló.
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