Dirigentes y comuneros persisten en medida de fuerza sin medir consecuencias de riesgos ambientales hacia la población.
RCR, 17 de noviembre 2017.- Asumiendo una posición radical, y mediante una carta enviada a diferentes estamentos del gobierno, los dirigentes y pobladores de la comunidades nativas de Chapis, Nueva Alegría, Ajachun, Capernaum y el Banco (que conforman la federación ORPISEM), exigieron hoy la presencia de una comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), así como la conformación de una mesa de diálogo intercultural.
Esta decisión es como condición para permitir el ingreso de los técnicos y especialistas de la empresa Petroperu para la colocación de grapas y posterior remediación en el kilómetro 221.5 del Oleoducto Ramal Norte (ORN) donde desde el último 7 de noviembre se registra un derrame de crudo.
Así lo confirmó en declaraciones a Red de Comunicación Regional RCR, el subprefecto del Datem del Marañón, Jaime Sinti Huatangari quien dijo que la comunidad acordó –en asamblea general- no permitir el ingreso de Petroperú para que realice la colocación de grapas en la tubería para evitar la filtración del crudo, así como la remediación en la zona, en tanto no se constituya una comisión de la PCM.
“Ayer se pusieron de acuerdo los Apús de estas comunidades quienes elevaron esta carta donde piden sí o sí la presencia de la PCM para la negociación con la población, y posteriormente después de la firma de los acuerdos se estaría coordinando con Petroperú para colocar las grapas”, indicó.
La carta de las comunidades está dirigida al Presidente de la Republica, PCM, Petroperú, Ministerios de Cultura, Energía y Minas, Del Ambiente, Salud, Congreso de la República, Gobierno Regional, entre otras entidades.
El subprefecto confirmó que en el petitorio de las comunidades se persiste en exigir el pago de 10 millones de soles como indemnización por los aparentes daños ambientales en la zona, así como las garantías para las negociaciones.
Al ser consultado sobre los riesgos ambientales en la zona, en particular para la población tras el derrame de crudo, la autoridad precisó que la medida de impedir el ingreso y condicionar el mismo, es adoptada por los dirigentes y pobladores sin medir las consecuencias y riesgos.
Indicó que a pesar del momento de tensión, los apus (jefes) garantizan que las conversaciones se llevaran en forma pacífica. “Tanto Apús, como autoridades provinciales y distritales involucrados garantizamos que la negociación se realzará de manera pacífica”.
Confirmó que en el acuerdo para el envío de la carta y petitorio también participaron el Presidente del Frente de Defensa del Datem del Marañón (FEDEDAM), Wilror Torres Díaz, así como el asesor de la comunidad de Chapis, Ismael Pérez, quien actualmente labora como técnico de enfermería en la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Loreto, y se desempeña como responsable del Programa de Salud Intercultural de la comunidad de Chapis.
Finalmente, dijo que la solución está en manos del gobierno. “Ellos han elevado la solicitud a los diferentes ministerios para que se agilice el ingreso, estamos esperando la respuesta de la PCM para formar una comisión y se pueda ingresar a la zona” indicó.
Sinti manifestó que el documento cursado por las comunidades está en mano de la Prefecta de Loreto, Carmen Núñez, quién se encuentra en Lima, y está encargada de hacer llegar a las entidades el petitorio.
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