¿Qué hay detrás de cuestionamientos a la empresa liquidadora de Doe Run?

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¿Por qué dirigentes laborales se empecinan en sacar de la administración temporal a Dirige?

RCR, 24 de agosto de 2016.- Es una pregunta que circula en el entorno de la empresa metalúrgica durante estos últimos meses. La interrogante cobra mayor vigencia luego de una campaña sostenida por parte de los dirigentes laborales de La Oroya en contra de la liquidadora.

Sin embargo, dicha actitud ha generado cuestionamientos. Uno de los críticos más frontales es el ex dirigente sindical Aníbal Carhuapoma, quien aseguró en entrevista a RCR que los jerarcas del sindicato están enquistados en sus cargos desde hace años y no los animan la defensa de los intereses de los trabajadores sino “ansias económicas particulares”.

Sostuvo que la dirigencia sindical “siempre ha hecho un juego a la empresa” (Doe Run Perú) utilizando a los trabajadores para arrinconar siempre a los gobiernos para tener ampliaciones (de remediación ambiental y del plazo para la liquidación en marcha de la empresa) con el pretexto de que se tiene que proteger los derechos laborales de estos.

Desde 1997, remarcó, lo que ha hecho esta empresa es sólo obtener ampliaciones, modalidad que le conviene mientras tanto el país pierde por la paralización de la planta, pues no recibe divisas por la transformación de los concentrados de minerales.

Dirige es la última de tres entidades que se encargaron de llevar a cabo la búsqueda de un inversionista de la empresa metalúrgica (que cuenta con dos activos: la refinería de La Oroya y la mina Cobriza). Right Business y Profit fueron las dos primeras entidades encargadas de conseguir, inútilmente, capitales para su reactivación.

Influencias y corrupción

Otro ex jerarca gremial que solicitó mantener en reserva su identidad por temor a represalias, aseguró que los dirigentes sindicales de La Oroya se han enquistado en sus puestos porque eso les ha permitido “ciertos beneficios” y porque disponen de privilegios que el resto de trabajadores no pueden acceder.

Dijo que se deben proteger los puestos de trabajo en el complejo de La Oroya, pero estos deben corresponder a aquellos que realmente están capacitados –mano de obra calificada- y no una nómina puntualmente manejada por los dirigentes. Además, sostuvo que la deuda de la empresa a los trabajadores suma más de US$ 80 millones, en consecuencia, nadie, ni siquiera los cesantes, van a quedar desamparados.

¿Por qué se intenta desembarcar a la empresa liquidadora Dirige? Porque esta no actúa a la medida de los intereses de esa cúpula sindical, precisó, tras señalar que, entre otros ajustes y detección de irregularidades, la empresa liquidadora Dirige saneó los contratos de alquiler de equipos que estaban con sobreprecios y, de esta manera se ahorró S/. 12 millones. La pregunta es ¿Quién se estaba llevando los márgenes de más que se pagaba?, dijo.

“Ampliación no solucionará problema”

Por su parte, el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, en entrevista a Perú21 sostuvo que sobre La Oroya “se hace política barata, se juega con los empleos de la gente cuando aquí debe abordarse la economía del país” y aseguró que el proyecto de ley que propone el Ejecutivo –y el alterno de Fuerza Popular- para la ampliación del plazo de liquidación no va a solucionar el problema.

Dijo que el nuevo gobierno debe mirar este tema no por cuestiones laborales, por si hay gente que se quede sin trabajo, sino que debe hacerlo pensando en la economía del país.

Manifestó que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debe implementar una política de Estado, dictar estándares ambientales adecuados y tener las normas que permitan promover la inversión. “Debe haber un marco de política minera y metalúrgica en el que se pueda actuar”.

Refirió, que hay empresas interesadas en hacerse de la refinería, pero encuentran barreras, como estar obligadas a contratar un número de empleados o solucionar pasivos ambientales.

Dirige precisa que en la actualidad la refinería de La Oroya y la mina Cobriza cuentan con aproximadamente 900 trabajadores laborando (de los cuales 300 lo hacen en el complejo y el resto en el yacimiento), la perspectiva es que la reactivación de la planta genere puestos de trabajo y absorba a la mayoría de los trabajadores de la empresa (unos 1,700 entre activos y cesantes).