Tirso Vargas Vargas, abogado especialista en Gestión Pública y analista político, enfatizó que nadie sabe el paradero de Aduviri desde que la sala que preside la jueza Jackeline Luza Cáceres cambió la orden de comparecencia por el mandato de prisión preventiva.
RCR, 14 de agosto La imagen del gobernador de Puno, Walter Aduviri, quien se encuentra prófugo tras ser condenado a 6 años de prisión y al pago de una reparación civil de 2 millones de soles por ser autor mediato del “Aymarazo”, ha caído en un descrédito ante la población altiplánica, sostuvo Tirso Vargas Vargas, abogado especialista en Gestión Pública y analista político, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
“Esta situación no le ha dado una buena imagen de gobierno a Walter Aduviri. El pueblo de Puno está a la espera de que este señor cambie de comportamiento y asuma un manejo más adecuado y técnico como corresponde a un gobernador regional”, remarcó.
Lamentó también la difusión reciente de unos audios que dejan mal parado al gobernador regional de Puno. “En un audio se oye a la esposa de Aduviri asegurando a unos proveedores del Gobierno Regional de que ya estaría arreglada su situación jurídica dando a entender que ya tenía un fallo favorable. En otro audio, la esposa discute con los hermanos de Aduviri en una especie de lucha por el poder entre grupos enquistados en el Gobierno Regional”, mencionó.
El analista político enfatizó que nadie en Puno sabe el paradero de Aduviri desde que la sala que preside la jueza Jackeline Luza Cáceres cambió la orden de comparecencia por el mandato de prisión preventiva. “No sabemos en qué lugar se pueda ubicar y hay muchas especulaciones porque unos dicen que está en la ciudad de Juliaca y otros que tiene el apoyo de la República de Bolivia donde podría estar”, precisó.
Desestimó también la capacidad de Aduviri para convocar nuevas protestas que favorezcan sus intereses políticos. “La última protesta que anunció no han tenido la contundencia que se esperaba. Un diario local proclamó días antes el estallido un segundo ‘Aymarazo’ pero no pasó nada y por el contrario otros medios locales revelaron que los manifestantes eran proveedores del Gobierno Regional y no eran espontáneos. Eso le ha restado credibilidad a esta protesta”, indicó.
Sentencia condenatoria
Respecto a la condena contra Aduviri, Vargas comentó que “había una alta probabilidad de que tengamos una sentencia condenatoria porque en el proceso pasado el colegiado anterior había resuelto del mismo modo”. “Según se advierte en los fundamentos del colegiado, no se habría tomado en cuenta el comportamiento procesal de Aduviri sino las pruebas referidas a su condición de autor mediato del ‘Aymarazo’. El hecho de un comportamiento procesal no debería influir en una decisión de fondo”, dijo.
“No esperábamos una absolución de Aduviri, puesto que los alegatos de su defensa no cambiaron y no se presentaron nuevos elementos que puedan desvirtuar la acusación fiscal. De parte de la defensa solo hemos tenido una interpretación jurídica, pero no nuevas pruebas que podían desvincular a Aduviri de los hechos ocurridos en el “Aymarazo”. La región Puno está esperando que esto se resuelva de una vez para no restarle gobernabilidad en Puno”, puntualizó.
Vargas apuntó que existe una instancia penal de Puno que podría variar el fallo contra Aduviri pero que en caso de confirmarla, el gobernador regional podría solicitar una casación ante la Corte Suprema para pedir su nulidad. En ese caso, dijo que “quizá podría ocurrir lo mismo que la vez pasada, de volver a reiniciar el proceso y otra vez tendríamos a Aduviri al mando del gobierno regional. Ahora solo procede la suspensión temporal hasta que resuelva su situación jurídica”.
Detalló que ahora el Poder Judicial debe notificar la condena impuesta contra Aduviri al Consejo Regional de Puno para que este organismo lo suspenda de su cargo y asuma el vicegobernador Agustín Luque Chaiña.
“Según la ley orgánica de gobierno regionales, la suspensión del cargo de gobernador regional tiene que ser con el acuerdo mayoritario del consejo y este acuerdo tiene que ser enviado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es el único ente que puede retirarle las credenciales al gobernador y otorgarle las credenciales al vicegobernador para que ejerza de manera provisional el cargo de gobernador hasta que se resuelva la situación jurídica del procesado en las últimas instancias”, explicó.
Sin embargo, anotó que “puede ocurrir que el JNE actúe de oficio como pasó en Tacna donde el JNE actuó de oficio al enterarse de una sentencia contra el gobernador y en menos de 15 emitió una resolución entregándole las credenciales al vicegobernador. Este escenario puede ocurrir también porque en muchas ocasiones el consejo regional en mayoría dilata o entorpece el proceso de suspensión”.
Cambio en Puno
El hombre de leyes consideró que “Luque Chaiña, quien podría asumir como gobernador regional, es una persona más mesurada y más técnica y clara en lo que quiere para el gobierno regional, porque ya se ha pronunciado en algunos temas de desarrollo local y regional y lo hemos visto con mayor capacidad en el manejo de la cosa pública”.
“El discurso de Luque puede presagiar que tendría una apertura a la inversión privada y al diálogo con los gremios. Ese aspecto concertador podría servir para dialogar con el Gobierno central y el presidente Vizcarra, para darle a conocer propuestas de desarrollo regional. Esto sería un cambio para que Puno deje de ser vista como una región antisistema o que siempre va contra de las decisiones del Gobierno central”, enfatizó.
