Exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, calificó también de “absurda” la persistencia de la población en rechazar la realización de emprendimiento minero de Tía María, si antes ha participado en el proceso del otorgamiento de la licencia de construcción, en la que tuvo pleno derecho a que sus observaciones sean absueltas por la empresa.

RCR, 16 de julio 2019.– Al proyecto minero Tía María (Arequipa) tendrá que asignarse un tiempo necesario para su operatividad. y la empresa a su cargo deberá obrar con madurez y mucha prudencia para asegurar su aceptación por las comunidades y la población de la provincia de Islay, estimó el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.

“En la economía, en el Perú, en términos generales, los inversores se van dando cuenta que la situación está desmejorando. Pero, digamos, en el caso específico de este proyecto hay que asignarle el tiempo necesario. Y creo que la empresa tiene que tener la madurez y actuar con mucha prudencia”, subrayó.

En ese sentido, refirió que el Estado ha tomado un riesgo tenido, ha dado el paso al otorgar la licencia de construcción a la compañía Southern Peru, y ha querido satisfacer la petición de los inversionistas, del gesto de que el Estado apoya el desarrollo en ese sentido.

“Y el Estado ha tenido a cambio la madurez (de la empresa) para no iniciar obra antes de lo necesario”, anotó.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Herrera Descalzi advirtió también que si el tema de la explotación del emprendimiento de Tía María terminase en un conflicto social, esta situación va a afectar a los demás proyectos mineros.

“Porque lo que pasa en uno está siendo observado por todos los demás. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración”, puntualizó.

En declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), Herrera Descalzi calificó también de “absurda” la persistencia de la población en rechazar la realización de emprendimiento minero de Tía María, si antes ha participado en el proceso del otorgamiento de la licencia de construcción, y en la que, de acuerdo con la normativa, tiene pleno derecho a presentar sus objeciones y de que éstas sean absueltas y solucionadas por la compañía.

“Si supuestamente se ha realizado todo este proceso, no deberían, en estos momentos, existir las inquietudes, por parte de la población. Es decir. primero (a) la población se satisfizo en sus inquietudes, en el aspecto treóri8co de este proceso. Y después de ello, el Estado acepta el levantamiento de las observaciones que hayan sido planteadas anteriormente. Entonces, este debería ser ya un tema obviado, y no un tema en la situación en la que está hoy en día (de conflicto social)”, aseveró.

Estimó que el levantamiento de estas observaciones, con la aceptación de la población es lo que se debiera entender como la licencia social.

Gobierno tuvo falencias en su rol comunicador a la población sobre el proyecto minero

En ese contexto, el decano del Colegio de Ingenieros del Perú destacó igualmente la falencia del Estado en no haber ejercido la iniciativa en su tarea de comunicación con la población y en su liderazgo en la prevención y solución del conflicto social por el caso de Tía María.   

“Debería haber acciones del Estado, que n0 tendrían ser públicas. Y que por lo tanto podrían haberse realizado y que sí deberían tener un efecto. El hecho es que el efecto no se da, porque existe el conflicto. Entonces, si se han realizado o no se han realizado, si son suficientes o insuficientes, eso no se sabe. Pero, aparentemente, allí hay una falencia, un punto débil (del gobierno)”, apuntó.

Asimismo, se preguntó dónde ha estado el gobierno para investigar las denuncias sobre el desplazamiento de elementos extraños de otros lugares lejanos a Arequipa para participar en el paro realizado hoy en la provincia de Islay contra el inicio de operaciones del proyecto Tía María y la entrega de la licencia de construcción a la compañía Southern Perú.

“Como son temas bastantes frecuentes y son personas que se movilizan desde lugares distantes para estar presentes y para apuntalar a los que están causando las dificultades, entonces allí correspondería, dentro de las medidas del Estado, hacer un seguimiento y saber qué cosas están pasando”, alertó.

El exfuncionario indicó igualmente que, en épocas de tranquilidad, el Estado debería de establecer una relación y compromiso con las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia de las operaciones mineras, sobre la base de una labor de información y explicación exhaustiva sobre estos emprendimientos.

“Y se pueden establecer algunas premisas. Por ejemplo, la explotación, durante la inversión minera va ser de veinte años. Entonces, establecer, como una fotografía, cual es la situación del desarrollo de la economía, los servicios, de la salud y la educación, hoy en día. Y establecer un compromiso de mejora de dichos indicadores para dentro veinte años”, especificó.

Agregó que una segunda fase, dentro de veinte años cuando se agoten los recursos mineros, la región evolucione hacia otros recursos de mayor sustentabilidad, como la agricultura.

“Y luego, sin esperar al término de los veinte años, elegir a una entidad objetiva –una universidad de prestigio, por ejemplo- para realizar las mediciones correspondientes sobre el cumplimento de los compromisos de la empresa. Y para garantizar el cumplimiento de la empresa, (crear) un fondo fiduciario que pague el costo de un eventual incumplimiento de los compromisos de la empresa que haya significado un daño de alguna naturaleza para la economía o tema ambiental de la  población afectada”, remarcó.

Dijo que con esto se podría contribuir al merecimiento de la legitimidad, a la vez que ayudaría a resolver en gran parte el grave problema de credibilidad que afrontan tanto la empresa. como el gobierno, por parte de la población de la provincia de Islay.

“No se le cree a la empresa, no se cree en la palabra de la empresa, no se cree por la historia de la empresa. Y no se cree tampoco en el Estado. Y eso genera desconfianza para la población”, concluyó. 

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