RCR, 27 de Junio 2022 .- El Gobierno se equivoca si cree que podrá evitar que se conozca detalles sobre las investigaciones al presidente Pedro Castillo con su proyecto para penalizar la difusión de información fiscal sobre casos penales pendientes, comentó el periodista del diario La República, César Romero Calle.
En declaraciones al programa Hora de Cambio, de Red de Comunicación Regional, el periodista dijo que el proyecto es consecuencia de la publicación de informes sobre la investigación contra el mandatario y desde el Gobierno consideran que la Fiscalía filtra la información.
“La corrupción es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo, es emblemática, y lo que busca es oportunidades para manifestarse. Eso explica por qué un nuevo Gobierno entra y a los pocos días ya tenía la facilidad de hacer malos manejos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque habían funcionarios que estaban corruptos dentro de la administración y lo único que hicieron fue facilitarles el trabajo. Lo mismo puede ocurrir en otras instituciones y el objetivo del proyecto es contener la información que pueda fluir sobre temas de corrupción”, comentó.
Romero dijo que la ejecución de la medida también afectará las investigaciones, ya que el eventual cambio de un fiscal acusado de filtrar la información a los periodistas originará la paralización por algunas semanas de la indagación.
El periodista de investigación agregó que el Gobierno confía en que su proyecto cuente con el respaldo de legisladores de otras bancadas porque también tienen investigaciones en su contra en el Ministerio Público, por presuntos actos de corrupción.
“Si todas las fuerzas políticas en el Congreso tienen también interés en silenciar las investigaciones, pueden fácilmente hacer un trámite célere en las comisiones que analicen el tema para que llegue rápidamente al pleno del Parlamento, pero el tiempo que les queda en la presente legislatura es corto”, señaló.
César Romero anotó que son muchas las personas que intervienen en una investigación, desde el fiscal y el personal de su oficina, los procesados, sus abogados, los policías, jueces y los trabajadores de su despacho. “¿A quién vas a sancionar de todo ese grupo de personas?”, se preguntó el periodista.
A criterio de Romero, el objetivo del proyecto es afectar a los periodistas ya que su eventual aplicación dificultará el acceso a la investigación. Anotó que los periodistas son los únicos que difunden información sobre las investigaciones fiscales. “Un corrupto, un criminal que logra acceder a información reservada no la va a publicar y así nadie se va a enterar”, comentó.
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