Declarar el estado de emergencia y permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas para apoyar en el control del orden, demandó el decano del Colegio de Abogados de Loreto, Martín Tuesta Gómez, ante los actos de violencia contra el Oleoducto Norperuano y otras instalaciones petroleras.

“El Estado debería declarar el estado de emergencia, aplicar el artículo 107 de la Constitución y permitir que ingresen las Fuerzas Armadas para que tome el control de la zona porque esto ya se está desbordando y no podemos permitir que esto siga aconteciendo porque es un grave daño que se hace al país, no solo la región Loreto”, expresó.

En declaraciones a RCR, Red de Comunicación Regional, Tuesta Gómez advirtió que hay serie de acciones que van en contra de la Constitución y las leyes, entre ellos la toma de la estación 5 del Oleoducto Norperuano.

“Esto es hecho más de lo que ha venido aconteciendo en forma reiterada, y nos preocupan que en este último caso estaba anunciada la toma de estaciones, embarcaderos, y el control de la zona petrolera, si es que no seguía el diálogo en la forma en que ellos (los dirigentes comuneros) imponían en sus condiciones”, explicó.

El decano de los abogados de Loreto también advirtió la falta de autoridad, frente a los sucesos violentos en contra de infraestructura petrolera y del medio ambiente.

“No hay ley, no hay estado de derecho en la zona, hay constantes sabotajes al oleoducto que generan derrame de crudo y gravísimo daño ambiental, impiden la reparación del ducto, los trabajos de remediación, retiran las barreras de contención instaladas para evitar que se expanda más el crudo, secuestran personas, inmovilizan helicópteros, embarcaciones, toman estaciones, paralizan la actividad petrolera, y no pasa nada. Entonces acá no hay presencia del Estado”, alertó.

Tuesta Gómez dijo que si bien el Estado debe tener mayor presencia atendiendo las necesidades de las comunidades, su rol también es imponer autoridad y el respeto a las leyes.

“Esto ya es el colmo, porque al margen de las necesidades apremiantes de las comunidades, eso no justifica  los constantes actos de violencia, afectación a derechos fundamentales, poniendo en grave riesgo la integridad de las personas y atentando contra el interés público”, señaló.

El jurista también señaló que hay intereses detrás de los actos violentos, “Aquí hay manifiestamente un fin económico y político de malos dirigentes, de los asesores que tiene estas comunidades, y de las empresas que intervienen en los trabajos de remediación ya que a ellos los interesa que hayan derrames para que con esos trabajos se procuren un beneficio económico”, explicó.

TIPIFICACIÓN DE DELITOS

Martín Tuesta dijo que en las acciones contra las instalaciones petroleras, hay una concurrencia de delito, pero no se toman medidas por la falta de presencia de las autoridades que no investigan ni imponen sanciones.

“No es la primera vez, es reiterado el secuestro de personas, toman las estaciones, impiden el desplazamiento de los trabajos. El secuestro es un delito grave y tiene condena de prisión efectivo”, indicó.

También se ha configurado el delito de robo ya que a las personas retenidas han sufrido la usurpación de sus celulares y otros objetos.

“Aquí tiene que haber mayor firmeza del Ministerio Público, de la Policía Nacional. El Estado tiene que atender las necesidades pero a la vez imponer la autoridad”, manifestó.

Agregó que no solo se paraliza la actividad petrolera y se ocasionan graves daños al medio ambiente por derrames la mayoría provocados, sino que también se afecta a las inversiones, originan inseguridad jurídica y la falta de control por parte del Estado. Eso, ahuyenta a los inversionistas que se han retirado o han desistido de iniciar actividades en Loreto, lo que afecta al interés nacional y a la economía de todo el país.

“Derechos humanos sí, pero por ambas partes. Aquí se habla de la falta de atención a las comunidades, por falta de escuelas, postas, servicios que el Estado tiene que atender, pero a la vez los dirigentes no pueden actuar al margen de la ley, afectado a personas, trabajadores y de otras comunidades que no están de acuerdo con estos actos de violencia”, puntualizó.

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