RCR, 11 de junio de 2025.-  La Dirección Especial de Proyectos de PROINVERSIÓN respondió formalmente al Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo del Distrito de Tambogrande, encabezado por Jean Franco Mendoza Saavedra, negando la procedencia de la nulidad inmediata del contrato y la concesión minera otorgada a la Compañía de Minas Buenaventura para el desarrollo del Proyecto Hídrico – Minero El Algarrobo.

José Rogger Incio Sánchez, Director de Proyecto de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), estableció en su respuesta la validez legal del proceso y del contrato, a la vez que aclaró una serie de afirmaciones presentadas por el Frente de Defensa relacionadas con la ubicación, el diseño, la etapa de desarrollo y los impactos ambientales del proyecto.

Precisiones

Respecto a la solicitud de nulidad del contrato, PROINVERSIÓN precisó que el Contrato del “Proyecto hídrico – minero El Algarrobo” fue suscrito bajo el marco normativo vigente y no autoriza la explotación inmediata de recursos. Se indicó que dicho procedimiento cumplió con todas las exigencias legales, técnicas y administrativas, en un proceso transparente, realizado públicamente ante Notario público, y sujeto a control de legalidad por las entidades competentes.

En lo referente al pedido para declarar la nulidad de la concesión otorgada a la Compañía de Minas Buenaventura, PROINVERSIÓN aclaró que el proyecto El Algarrobo no abarca 133 concesiones mineras como argumenta el Frente de Defensa, sino cuatro concesiones mineras específicas.

Además, precisó que la existencia de una concesión minera no implica, por sí misma, afectación a la propiedad privada ni a la actividad agrícola ni a ninguna otra actividad que la población realice ya que toda intervención está sujeta a estudios técnicos previos y a la autorización ambiental previa correspondiente, la que se obtiene solo después de efectuado un Estudio de Impacto Ambiental Detallado, que incluye procesos obligatorios de participación ciudadana

Etapas

La respuesta de PROINVERSIÓN detalló un proceso de ejecución en cuatro etapas sucesivas para el proyecto. Refiere que la Primera Etapa, contemplada para un período de hasta 3 años, implica la construcción de un Acuerdo Social con la población del área de influencia y, paralelamente, el desarrollo de los estudios técnicos del proyecto hídrico para dotar de agua a la población de la margen izquierda del río Piura.

Solo después de haber obtenido el Acuerdo Social, entrará en vigencia la Segunda Etapa, de hasta 5 años, que dará inicio al período de opción de transferencia de las concesiones mineras y al desarrollo de estudios técnicos para el proyecto minero, hasta lograr un Estudio de Factibilidad y los estudios ambientales que garanticen la operación bajo los estándares permitidos.

La Tercera Etapa, de 3 años, contempla la transferencia de las concesiones para la implementación de la mina subterránea y demás componentes. Finalmente, la Cuarta Etapa corresponde al inicio de la operación minera. Este diseño garantiza que la prioridad del proyecto sea el agua para la población, y que no habrá actividad minera sin un proceso previo y transparente de construcción de acuerdos sociales, y sin consentimiento social informado.

Sobre la consulta vecinal

En cuanto a la Consulta Vecinal del 2 de junio de 2002, la agencia estatal manifestó  su profundo respeto por la historia de Tambogrande y reconoció el valor simbólico de la consulta como expresión democrática de la voluntad ciudadana en su momento. No obstante, precisó que, bajo el ordenamiento legal peruano, dicho proceso carece de efectos jurídicos vinculantes.

La entidad subrayó que han transcurrido más de dos décadas desde su realización, período durante el cual se han producido múltiples reformas legales y avances institucionales que han fortalecido el régimen de promoción de la inversión y de protección ambiental en el país, demarcando un contexto totalmente diferente al de 2002, cuando se rechazó una propuesta de minería a tajo abierto en la zona urbana y agrícola.

PROINVERSIÓN enfatizó que el Proyecto El Algarrobo es una propuesta completamente distinta en ubicación, diseño y enfoque. También desmintió que el proyecto exponga a la población a voladuras constantes, contaminación por relaves y afectación directa al río Piura, afirmando que tales aseveraciones reflejan «ligereza y desconocimiento».

Además, mencionó que el proyecto prioriza el acceso al agua mediante un proyecto hídrico en beneficio de Locuto, que debe ejecutarse antes de cualquier actividad minera. Solo si se alcanza ese objetivo, se logra un acuerdo social con la comunidad y se cumplen los requisitos técnicos y legales, se podrá evaluar la viabilidad de una operación subterránea, con mínimo impacto superficial

Se aclaró que no habrá voladuras debajo de la ciudad ni zonas habitadas, ya que la mina subterránea se localizará en la margen izquierda del río Piura, lejos del área urbana y agrícola de Tambogrande, con operaciones a más de 200 metros de profundidad. El transporte de mineral y la maquinaria, así como el chancado y procesamiento, se ubicarán en una zona desértica a más de 10 kilómetros de Locuto, fuera de áreas agrícolas y urbanas.

El uso del agua será regulado y eficiente, con reciclaje en circuitos cerrados y sin compromiso de fuentes para consumo humano o agrícola, supeditado a la ejecución previa del proyecto hídrico para Locuto. Se afirmó que no se ubicarán relaveras cerca del río Piura, y que cualquier sistema de disposición de residuos será diseñado bajo criterios técnicos modernos, con sistemas de seguridad, impermeabilización y monitoreo permanente, considerando las condiciones climáticas de la zona.

Fortalecimiento del agro

«El Proyecto El Algarrobo no busca reemplazar al agro, sino fortalecerlo. La prioridad es el agua, el desarrollo agrícola y la mejora de la calidad de vida», indicó PROINVERSIÓN al anotar que la agricultura, ganadería y minería son actividades fundamentales para el progreso y desarrollo de los pueblos.

También recuerda que existen muchos ejemplos, en el país y en el mundo, de que el trabajo conjunto genera significativas oportunidades, principalmente, cuando la minería se convierte en un aliado de estas dos actividades.

En resumen, PROINVERSIÓN sostuvo que el Proyecto El Algarrobo no representa una amenaza para el río Piura, la agricultura o la salud de la población, habiendo sido diseñado con estándares modernos y medidas preventivas, y con el compromiso de no ejecutar ninguna actividad si no se garantiza primero la seguridad ambiental y social.

Se adjunta carta:  S_CARTA_N_00005-2025-PROINVERSION-DEP.13