RCR, 29 de mayo 2018 .- La mayoría del Congreso no quiera establecer los mecanismos para impedir que el dinero sucio siga financiando la política a través de instituciones sin supervisión como las cooperativas. Esto evidencia que los partidos políticos tienen gente en su interior que vela por los intereses de esa mafia de crimen organizado y lavado de activos, así se expresó, Walter Alban,  director ejecutivo de Proética.

En diálogo con RCR, dijo que ya es tiempo de denunciar a quienes se comportan de esta manera y tratan de sorprender al país con salidas que son un insulto a la inteligencia de los peruanos, como pretender modificar la constitución para crear una Superintendencia Especial, como ha planteado la congresista Úrsula Letona.

En ese marco, agregó que la decisión de devolver a Comisiones el proyecto de Ley que faculta a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a supervisar las empresas cooperativas es muy grave y preocupante, y se debe denunciar el evidente conflicto de intereses. No se debe permitir que el poder que ejerce Fuerza Popular y su mayoría, actúe impunemente y avale la existencia de mafias de lavado de activos, enfatizó.

Este es un problema gravísimo porque no solo tiene que ver con corrupción y crimen organizado en el interior del país, sino con dineros de organizaciones criminales que vienen de fuera.

Albán señaló que el Perú se ha convertido en un paraíso para la “inversión” en lavado de activos porque la institucionalidad es muy débil, y hay muy poca voluntad para enfrentar este problema, tal como ha quedado en evidencia con lo que ha pasado en el Congreso.

Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha tenido que pelear por años desde el congreso anterior y el actual para obtener las facultades para investigar los delitos de lavado de activos. Reveló que, en el congreso anterior, el congresista que más se opuso a que la UIF tuviera atribuciones para acceder a la información bancaria y tributaria, fue nada menos que el secretario general del Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

“Desde esa época había la evidencia que el número de cooperativas de ahorro y crédito se había multiplicado en el país, muchas de ellas en el VRAEM, precisamente en los años de crecimiento económico y de expansión del crimen organizado, cuyo motor principal es el narcotráfico. No por nada el Perú es el primer exportador de cocaína”, apuntó

Sin embargo, añadió, a pesar de todos los indicios sobre lavado de activos, las facultades para que la SBS ejerza un control en las cooperativas nunca fueron otorgados, y cuando ahora por fin se discute esto, se produce el bloqueo en el Congreso. “Fuerza Popular tiene que rendirle cuentas al Perú. Su actuación en este tema es inaceptable”, concluyó.