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PRESIDENTE CASTILLO PUEDE SER VACADO POR INCAPACIDAD MORAL PERMANENTE POR REUNIRSE ILEGALMENTE CON EMPRESARIOS

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RCR, 04 de Diciembre 2021 .- Julio Rodríguez, abogado especialista en derecho penal, dijo que el presidente Pedro Castillo podría ser vacado por incapacidad moral permanente por reunirse de manera clandestina con empresarios en un inmueble de Breña. Explicó que el presidente tiene la obligación legal de despachar en Palacio de Gobierno de manera transparente y lo contrario es actuar de espaldas de la ley.

“No estamos ante un comportamiento que se pueda calificar simplemente irregular, estamos ante un comportamiento ilegal. Un presidente de la República tiene una normatividad que rige sus actividades. La norma expresa que el presidente tiene que despachar en Palacio de Gobierno, despachar en un lugar distinto es un acto ilegal. Las normas están para cumplirse. La norma establece que toda actividad del presidente tiene que ser hecha en Palacio de Gobierno”, dijo.

Señaló, en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), que un presidente que se coloca a espaldas de la norma es un presidente que se coloca en un escenario en el que se hace discutible que continúe en el cargo, porque se trataría de una persona que tiene incapacidad moral permanente. “No podemos tener un presidente que desprecie las normas”, remarcó.

“Esto es una responsabilidad funcional del presidente de la República, tiene que transparentar toda su actividad, no puede mantenerse al margen de hacer publica su agenda. El presidente desde el momento en que postuló al cargo, su vida privada acabó y su agenda presidencial les compete a todos los ciudadanos”, expresó

Precisó que, si el presidente se va a la casa de su amigo, si se va a la casa de sus padres o cualquier otro familiar es parte de su naturaleza humana. “Eso no tiene que estar reflejado en la agenda presidencial, pero los que no pueden dejar de saber que eso sucede es la escolta presidencial, que tiene que estar informada de ello”, observó.

Declaró que el presidente de la República, al personificar a la nación, es una persona a la cual se le tiene que dar toda la protección del caso, no puede quedar expuesto a sufrir un atentado. “Seguridad tiene que saber a donde va el presidente, si va a visitar a un amigo o a un familiar, pero no puede ser una actividad secreta”, apuntó.

Habría incapacidad moral permanente

Explicó que la incapacidad moral permanente es una cláusula que está abierta desde hace muchos años en las constituciones peruanas, para evitar que un presidente que tiene un comportamiento ilegal se mantenga en el cargo. “He escuchado a una congresista que acaba diciendo cosas absurdas, que el presidente no ha cometido un acto inmoral, sino un acto ilícito. Ese símil funciona al revés, no todo acto inmoral es un delito, pero todo delito necesariamente es un acto inmoral”, aseveró.

“El comportamiento del presidente estaría casi sin ninguna duda en una presencia de más de una treintena de indicios razonables de que se estaría cometiendo colusión desleal agravada y estamos hablando de un comportamiento delictivo. Si ese comportamiento delictivo trastoca la moral pública, y por tanto, ese comportamiento merece ser valorado a efectos de permitir o no que el presidente continúe en el cargo”, remarcó.

“Se trata de hechos clandestinas con proveedores del Estado en un lugar respecto al cual es ilícito reunirse en altas horas de la noche, donde el presidente busca no ser detectado, porque no usa el vehículo oficial asignado a él, que además se coloca una gorrita y no el sombrero que siempre usa, tenemos una serie de componentes que lo que buscaba evitar que esa reunión sea conocida públicamente. Estamos ante una persona que actúa a espaldas de la ley, y si quien actúa a espaldas de la ley representa a la nación, no merece estar en ese cargo”, manifestó.

Afirmó que la Fiscalía de la Nación puede investigar al presidente, aunque no puede ser objeto de un procesamiento. “Lamentablemente el problema del Ministerio Público es que es un Ministerio Público, que está encabezado por una persona que desconoce el Derecho Penal. Este es uno de los pocos casos en que se trata de una fiscal de la Nación cuya labor ha sido en el ámbito administrativo y civil”, comentó.

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