RCR, 21 de Noviembre 2021 .- Guillermo Shinno, gerente general de la empresa Apumayo, señaló que la premier Mirtha Vásquez y el viceministro de Minas Jorge Chávez Cresta deben están desinformados al anunciar el cierre de cuatro empresas mineras en Ayacucho, debido a que cuentan con todos los permisos correspondientes. Señaló que si se comete ese atropello contra la libre empresa acudirán a las instancias judiciales e internacionales.
“Yo debo asumir que la ministra debe estar desinformada, no ha tenido la información completa. La información le debe llegar del Ministerio de Energía y Minas, que sí conoce al detalle cada uno de los permisos que tenemos. También el viceministro, en una presentación que tuvo en el Congreso, también mencionó lo mismo, que estábamos en una etapa de cierre”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Informó que, ante esa delicada situación, han dirigido un oficio al viceministro de Minas, detallándole los permisos. “Nosotros tuvimos una ampliación a través de un segundo ITF, que Senace nos aprobó el año 2019. Ese permiso nos permitió ir al Ministerio de Energía y Minas para que nos dé la autorización de construcción y su posterior funcionamiento”, indicó.
“Adicionalmente este año, por motivo de la pandemia, se estableció que aquellas empresas que por x motivos no hayan podido cumplir o están por cerrar sus compromisos, podían tener un año más de oportunidad debido a la pandemia y ese es una de las causas por la cual nos acogimos a este decreto supremo y por tanto nuestra operación dura hasta junio del próximo año”, expresó.
Remarcó que si el Gobierno aplica una medida política y no técnica acudirán a todas las instancias nacionales e internacionales para ejercer sus derechos. “Por el lado de nosotros, tenemos la posición técnica y los permisos correspondientes y vamos a seguir adelante. Si se pretende vulnerar nuestros derechos, y nos solidarizamos con los más de mil colaboradores que están con nosotros, nosotros vamos a ir las instancias judiciales si es necesario, para poder ejercer nuestro derecho”, precisó.
Enfatizó que Apumayo tiene todos los permisos que exige la ley. “Tenemos todos los permisos y ampliaciones, que nos ha dado Senace, por el lado ambiental, como el mismo Ministerio de Energía y Minas, a partir de la Dirección General de Minería, para operar y estamos en proceso de producción. Tenemos todos los permisos y no estamos en etapa de cierre”, explicó.
“La hemos enviado una carta al viceministro aclarando y detallando cada uno de los permisos que tenemos. Nosotros siempre hemos operado respetando al medio ambiente, tratando de cuidar las identidades culturales. Siempre hemos tenido una conducta positiva y no tenemos una sanción de contaminación ambiental”, aseveró.
Recalcó que Apumayo tiene permiso hasta junio del próximo año y actualmente está suspendido por los hechos vandálicos del 28 y 29 de octubre. “Nuestra posición siempre va a ser siempre respetar nuestro cronograma de producción. Se ha dicho que no va a haber nuevas ampliaciones y operaciones. Los funcionarios no pueden hacer eso, porque no hay una ley que impida nuevos proyectos o ampliar las operaciones”, anunció.
Anuncio de cierre genera mal precedente
Advirtió que este anuncio de cierre de cuatro minas es un riesgo, porque va a generar un mal precedente, para cerrar otros proyectos mineros en el país. “Ahora ya no se trata de impedir un proyecto, sino que ahora se trata de parar las actuales operaciones. Estas empoderando a gente que tiene otra agenda, que tiene intereses particulares, ideológicos, económicos y políticos”, apuntó.
“A nosotros nos preocupa el discurso que se ha dado. Esto le hace daño al país, porque esto lo ven los inversionistas en todo el mundo, ven como es que se trata cualquier problemática de cualquier sector, sobre todo de un sector tan importante como la minería de un país. los inversionistas van a pensar si es oportuno invertir en el país y luego eso se va a traducir en la falta de empleos”, manifestó.
Explicó que las comunidades siempre protestan porque no tienen servicios básicos de luz, agua y salud, pero muchos dirigentes aprovechan ese malestar para reorientar esa protesta, para conseguir réditos políticos y económicos. “El verdadero responsable el Gobierno, en todos los niveles, a nivel nacional, regional y local, porque con todos los recursos que tiene no hace nada para la población”, observó.
“La comunidad de Para, donde están todas nuestras instalaciones y el campamento minero, tenemos convenios sociales con ellos y ellos van a ser los mas perjudicados. La comunidad de Sanccos, que de alguna manera tiene parte de relaciones con nosotros y que en el futuro iba a tener mayor relación, porque tenemos otros proyectos cercanos con ellos, también van a ver cortados su futuro”, precisó.
Declaró que los hechos vandálicos del 28 y el 29 de octubre, que provocaron el incendio del campamento minero Apumayo, tienen que ser investigados, para identificar a los responsables y sancionarlos de acuerdo a ley. “Nos preocupa que, en los acuerdos, en el último punto, se menciona que el Ministerio de Justicia va a estar detrás de esas personas que están siendo investigadas. Eso nos preocupa por que se trata de que no haya impunidad”, dijo.
“En Tambogrande, por ejemplo, la gente protestó contra una empresa minera que tuvo que retirarse y ahora está lleno y plagado de mineros informales, que hace muchísimo daño al medio ambiente. La actividad informal siempre se hace al margen de los estándares ambientales”, afirmó.
Señaló que la premier Mirtha Vásquez maneja un discurso político al hablar de cerrar minas y firmar acuerdos con dirigentes radicales. “Uno puede ver las declaraciones de la premier, el acuerdo que han firmado y los tuits que la premier ha emitido luego, incluso hay una especie de provocación. Unilateralmente no se puede cerrar una unidad minera, hay un Estado de derecho, no se puede violentar los derechos que tiene cada persona y cada empresa. Por eso es que han hablado con las empresas mineras para ver como se adelantan los cierres”, subrayó.
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