• El Ministro Ernesto Álvarez advierte que el vacío dejado por los proyectos formales ha sido ocupado por mafias que utilizan mercurio de forma indiscriminada, envenenando las mismas tierras y cuencas hídricas que los movimientos sociales prometieron proteger bajo el lema de ‘Agricultura sí, minería no’.

RCR, 07 de enero de 2026.- El Presidente de Consejo de Ministro Ernesto Álvarez alertó sobre el avance desmedido de la minería ilegal en zonas donde anteriormente se rechazaron proyectos formales, citando como ejemplo emblemático el caso de Conga, en Cajamarca.

Según Álvarez, el discurso demagógico de «Agricultura sí, minería no» que detuvo proyectos con altos estándares ambientales ha dejado un vacío aprovechado por la criminalidad. En lugares como Chugur, Sinchao, El Tingo, Hualgayoc y Celendín, donde la minería ilegal ha tomado posesión.

«Gran parte de Conga está siendo explotada en este momento por la minería ilegal con una gran contaminación con mercurio», afirmó el ministro, destacando que esto ocurre precisamente cuando el oro alcanza precios récord a nivel internacional.

La situación no es solo ambiental. Álvarez comparó el escenario actual con la «fiebre del oro» de California en el siglo XIX, advirtiendo sobre un caos social que ya está cobrando vidas. El riesgo de enfrentamientos armados es latente, ya que grupos organizados están adquiriendo armamento de alto alcance, como fusiles de asalto, provenientes de remanentes de guerrillas o bandas criminales para proteger sus actividades ilícitas.

Comentó que, a pesar de la complejidad, el gobierno asegura que las tareas de interdicción continúan. “Actualmente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen operaciones en puntos críticos como la Cordillera del Cóndor (Norte del país), Pataz, donde se ha tomado control absoluto y se trabaja en mesas de diálogo con autoridades locales para asegurar la pacificación”, anunció en entrevista con RCR.

Para Álvarez, la solución definitiva no pasa solo por el despliegue militar, sino por una articulación estratégica entre la gran empresa minera, el Estado y las Fuerzas Armadas.

“El objetivo es integrar a las comunidades locales mediante un principio de coparticipación de la riqueza, permitiendo que quienes hoy trabajan en la ilegalidad se adhieran a estándares internacionales de cuidado ambiental y beneficios sociales”, puntualizó.