Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la policía pudo recuperar los cuerpos de los trece (13) trabajadores que fueron secuestrados en Pataz por mineros ilegales coludidos con elementos criminales.

Poderosa lamenta el fallecimiento de las trece (13) personas que fueron cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida.

Como se recordará, el sábado 26 de abril, delincuentes armados atacaron las operaciones de un minero artesanal en proceso de formalización con el que Poderosa mantiene contrato de explotación, secuestrando a un grupo de sus trabajadores.

De esta manera, suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades.

Estos luctosos sucesos se suman a lo acontecido también ayer en una operación formal en Alacoto, Pataz, donde otra incursión de mineros ilegales y grupos criminales habría resultado en la toma de instalaciones de una planta.

El espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona.

Es por ello que volvemos a hacer un llamado urgente al gobierno a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que vienen operando en Pataz. Para ello hace falta fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Sin embargo, no será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actuan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada.

Mayor responsabilidad le corresponde a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas que, a pesar de los requerimientos planteados, sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retiarar de sus

concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción.

Lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso.

Lo sucedido en Pataz da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilicita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte. Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aunen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde.