Fuente : Poder Judicial 

En caso esterilizaciones forzadas fueron incorporados intérpretes de quechua para que presuntas víctimas tengan cabal entendimiento y comprensión del proceso.

Con el fin de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos/as, y facilitar la comunicación, el Poder Judicial, que preside Elvia Barrios Alvarado, atendió el 99,5 % de un total de 436 requerimientos de intérpretes y/o traductores en lenguas indígenas u originarias, durante el 2021.

Así lo informó la Gerencia General de la institución judicial y las cortes superiores de justicia del país, en el marco de la conmemoración del Día de las Lenguas Originarias del Perú, hoy 27 de mayo.

Según el reporte, los pedidos fueron tramitados en el desarrollo de 199 procesos judiciales, siendo 99 % de ellos, casos en materia penal.

Asimismo, que las solicitudes corresponden a intérpretes o traductores de 12 lenguas indígenas u originarias: quechua (330), aimara (33), awajún (19), wampis (7), cocama (12), kichwa (15), yagua (7), shipibo (5), asháninka (3), sharanahua (2), cashinahua (2) y tikuna (1).

Cabe indicar que en la audiencia de presentación de cargos contra el expresidente Alberto Fujimori y otros, por el caso de esterilizaciones forzadas, fueron incorporados intérpretes en lengua quechua, en sus diversas variantes, a fin de que las presuntas víctimas tengan un cabal entendimiento y comprensión del proceso.

Debe señalarse que, en caso de no contar con un intérprete o traductor, los funcionarios públicos solicitan la colaboración de personal jurisdiccional u otro de la corte, así como servidores de otras instituciones, representantes de organizaciones indígenas u otras personas que dominen la lengua materna de los usuarios judiciales, distinta al castellano, para garantizar sus derechos.

En el Perú, hay 48 lenguas indígenas u originarias, que son anteriores a la difusión del idioma español, las cuales se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional por 4 millones 477 mil peruanos/as (16 % de la población total, aproximadamente, de acuerdo al censo del 2017).

La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos señala que “todo el mundo tiene derecho a usar de palabra o por escrito, en los Tribunales de Justicia, la lengua históricamente hablada en el territorio donde están ubicados”.

Además, que “todo el mundo tiene derecho a ser juzgado en una lengua que le sea comprensible y pueda hablar, o a obtener gratuitamente un intérprete”.